La reciente decisión del Gobierno de transferir la Autoridad Nacional de Información Clasificada del Ministerio de Defensa al Ministerio de la Presidencia ha generado un profundo malestar entre altos mandos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según fuentes consultadas, esta reestructuración podría afectar la operatividad del servicio y la carrera profesional de sus miembros.

El cambio, que forma parte de la nueva Ley de Información Clasificada presentada por el ministro Félix Bolaños, ha otorgado al Ministerio de la Presidencia la responsabilidad de gestionar los secretos oficiales, con excepción de aquellos relacionados con la OTAN, que seguirán bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. Esta medida ha sido interpretada por algunos miembros del CNI como una «pérdida de autonomía y un posible obstáculo para su desarrollo profesional».

Esta reestructuración responde a un compromiso del presidente Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha sido clave para la estabilidad del Gobierno. La medida busca modernizar y hacer más transparente la gestión de los secretos oficiales, alineándose con estándares europeos y adaptándose a nuevas realidades políticas y sociales. Sin embargo, la decisión ha abierto un debate interno sobre el equilibrio entre la necesidad de modernización y la preservación de la autonomía y eficacia de los servicios de inteligencia.