La noche del 29 de octubre quedará marcada por la dramática gestión de la presa de Forata, que alcanzó los 37,1 hectómetros cúbicos de agua, rozando su capacidad máxima. Desde las 18.00 horas, las autoridades se enfrentaban al riesgo de una rotura catastrófica, y la decisión tomada fue tan polémica como inevitable: realizar vertidos masivos para evitar el colapso de la presa. Entre las 19.00 del 29-O y la 1.00 del 30-O, la presa redujo su nivel de agua en 1 hectómetro cúbico, el equivalente a 1.000 millones de litros, sin que las autoridades alertaran adecuadamente a las poblaciones afectadas. El río Magro comenzó a desbordarse, causando inundaciones en municipios como Algemesí, Carlet, Guadassuar y l’Alcúdia. Al final del día 30, el total de agua liberada ascendía a 7 hectómetros cúbicos, suficiente para abastecer anualmente a 100.000 personas. Este vertido pudo ser incluso mayor si se considera el agua liberada de manera simultánea a la que ingresaba en la presa.
El Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, tomó la decisión de evitar la rotura de Forata a toda costa, pero lo hizo a un alto precio: sacrificar la seguridad de los municipios ribereños sin un aviso claro. A pesar de los repetidos mensajes enviados a la Delegación del Gobierno y al ejecutivo de Carlos Mazón, no hubo comunicación suficiente ni efectiva sobre los riesgos de inundación derivados de los desembalses.
Un ejemplo clave de la falta de información fue el caso del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, quien recibió una llamada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a las 16.30 del 29-O, advirtiendo de una posible crecida del Magro. Sin embargo, cuando Sanchis preguntó si el río se desbordaría, Bernabé respondió que se lo confirmarían más tarde desde el Cecopi. Para entonces, las decisiones ya estaban tomadas, y los efectos comenzaron a sentirse en los municipios.
Documentos revelados por el portal EsDiario confirman que la Confederación Hidrográfica del Júcar informó a las 16.55 que el río Magro podría alcanzar 1.000 metros cúbicos por segundo, afectando significativamente a poblaciones como Montroi, Real, Alfarp, l’Alcúdia y Algemesí. Sin embargo, «afectación significativa» no fue interpretada como «inundación» por parte de las autoridades autonómicas ni municipales, lo que dificultó una planificación adecuada para evacuar a los vecinos.
Las inundaciones resultantes dejaron un saldo devastador: nueve muertos en la región, incluidos tres en Algemesí. Los alcaldes afectados no cuestionan la necesidad de los vertidos para evitar un desastre mayor, como habría sido la rotura de la presa y el vertido incontrolado de 37.000 millones de litros de agua, pero coinciden en que una mejor comunicación habría permitido mitigar los daños y salvar vidas.
Mientras tanto, desde Moncloa y el Ministerio de Transición Ecológica se insiste en que todas las decisiones se tomaron con base en los riesgos calculados, aunque la falta de aviso a los municipios ha generado una tormenta política. Por su parte, Mazón denunció que no fue plenamente informado del efecto directo de los desagües en las localidades del Magro, pese a recibir advertencias genéricas sobre el caudal del río.
