La Guardia Civil ha confirmado que la Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo el mismo apagón de alertas en las horas decisivas de las inundaciones con dos agravantes: que su silencio se centró en el mayor foco de muertes –el barranco del Poyo– y que Teresa Ribera ocultó toda esa información en sus exámenes previos para ser vicepresidenta de la UE, priorizando su promoción institucional sobre la rendición de cuentas. La falta de avisos, en este caso, no sólo fue letal, sino que además se silenció políticamente.
El informe elaborado por la Guardia Civil y recientemente incorporado a la causa judicial detalla con precisión que la CHJ, bajo la dirección del socialista Miguel Polo, no emitió ninguna alerta durante el periodo más crítico del 29 de octubre. A pesar de que los registros del caudal de la rambla del Poyo mostraban un ascenso exponencial desde las 16.15 horas, no hubo ninguna comunicación oficial hasta las 18.43. Para entonces, el volumen del agua ya alcanzaba los 1.683 metros cúbicos por segundo, lo que se considera un nivel extraordinario.
El documento pone de relieve una serie de deficiencias técnicas y de gestión que contribuyeron al colapso del sistema de emergencias. Uno de los puntos más relevantes del informe es que el sistema de alertas no era automático: dependía de una activación manual por parte del personal técnico de sala. Esa acción, crucial en situaciones de riesgo extremo, no se llevó a cabo a tiempo. Todo ello, bajo responsabilidad directa del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado entonces por Teresa Ribera.
El resultado fue devastador: de las 228 víctimas mortales que dejaron las inundaciones, 192 perdieron la vida en municipios afectados directamente por la rambla del Poyo. Esto convierte a ese punto geográfico en el epicentro del desastre y pone el foco sobre quienes debían haber gestionado, advertido y prevenido el riesgo en esa zona.
Además, el informe policial desmonta la versión oficial del Gobierno, según la cual las competencias estaban plenamente en manos de las autoridades autonómicas. En realidad, señala que la información hidráulica clave no llegó a tiempo a los órganos de emergencia por una cadena de omisiones en la CHJ, dependiente del Gobierno central.
Mientras tanto, otras responsabilidades tampoco fueron asumidas. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, fue señalado desde el primer momento por su ausencia durante las horas clave, pero tampoco estaban localizables los equipos de Fernando Grande-Marlaska, ni el propio Pedro Sánchez, que fue informado puntualmente del desastre y no activó ninguna respuesta estatal ni el estado de alarma focalizado, como contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
El informe, por tanto, no sólo apunta a fallos técnicos, sino también a decisiones políticas o la ausencia de ellas. Teresa Ribera, en particular, ha sido señalada por haber eludido toda mención a estos hechos durante el proceso para su nombramiento como vicepresidenta comunitaria. En lugar de asumir responsabilidades, su departamento mantuvo silencio, al igual que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, quien tampoco ha ofrecido explicaciones públicas.
