La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha aprobado un paquete de subvenciones que permitirá extender por una década la actividad de los reactores nucleares belgas Doel 4 y Tihange 3, con un coste estimado de 32.000 millones de euros.
Originalmente, la legislación belga de 2003 sobre la eliminación progresiva de la energía nuclear establecía el cierre de todos sus reactores antes de 2025. Sin embargo, en respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania y la preocupación por la seguridad del suministro, el Ejecutivo belga decidió en marzo de 2022 mantener operativos sus dos reactores más modernos.
El 22 de julio de 2024, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para analizar los detalles de la medida. Existían dudas sobre el diseño del contrato por diferencias (CfD) y la proporcionalidad de los acuerdos financieros, que podrían haber reducido en exceso los riesgos asumidos por los beneficiarios. También se cuestionó el cálculo del importe asignado a la gestión de residuos nucleares.
Los principales destinatarios de estas ayudas son Electrabel, filial de Engie, y Luminus, perteneciente a EDF, además de «BE-NUC», una sociedad mixta entre el Estado belga y Electrabel. Tras la implementación de esta medida, BE-NUC poseerá el 89,8% de ambos reactores, mientras que Luminus contará con una participación del 10,2%.
El plan aprobado por la Comisión Europea incluye una serie de disposiciones estructurales y financieras. Entre ellas se encuentran la creación de «BE-NUC» para afrontar los costes de inversión, un contrato por diferencias que garantizará ingresos estables durante la próxima década y evitará remuneraciones excesivas, así como otros mecanismos de respaldo financiero, como un préstamo y una garantía de liquidez operativa.
Un elemento clave del acuerdo es la transferencia de responsabilidades de Electrabel al Estado belga en cuanto a la gestión de residuos nucleares y el combustible gastado, con un pago asociado de 15.000 millones de euros. También se ha definido un reparto de riesgos y una protección legal frente a eventuales modificaciones regulatorias en el futuro.
Cierre de la central de Almaraz
Sin embargo, su postura cuando ejerció como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue radicalmente opuesta: abogó por el cierre de las nucleares hasta tal punto que se despidió del Gobierno de España emitiendo la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz. Una decisión que cumplió escrupulosamente con el calendario de cierre acordado entre Ribera y las tres empresas propietarias del parque nuclear en España (Iberdrola, Endesa y Naturgy) en 2019.
