El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rendir cuentas y publicar el destino de las ayudas privadas donadas a los afectados por la DANA a través de una cuenta habilitada en el Tesoro Público, tras constatar una respuesta administrativa fragmentada e incompleta, según publica The Objective.
El origen del caso se remonta al 28 de octubre de 2025, cuando un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía información detallada sobre la trazabilidad del dinero privado ingresado para paliar los daños de la dana, al amparo de la Ley de Transparencia. La petición se centraba en conocer no solo cuánto se recaudó, sino también cómo y dónde se gastó ese dinero.
La cuenta de donaciones fue creada por la disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 7/2024, con el objetivo de canalizar aportaciones ciudadanas «de forma rápida, sencilla y segura». Según la propia web del Ministerio de Economía, las donaciones se realizaban «directamente a través del Estado, sin mediación de entidad privada o fundación», permitiendo además a los donantes incluir su NIF para acceder a beneficios fiscales.
Sin embargo, un año después, el paradero de esos fondos sigue sin aclararse públicamente. La vicepresidenta primera de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, denunció en octubre que el Ejecutivo no había explicado «qué ha pasado con el dinero de la cuenta de donaciones que abrieron en el Tesoro Público», acusando al Gobierno de «ocultar el dinero».
La solicitud de información presentada ante Economía incluía cinco apartados: el importe total recaudado por meses y tipo de donante; los expedientes de generación de crédito; el destino concreto de los fondos, con detalle territorial; los beneficios fiscales aplicados; y los informes de seguimiento y auditoría.
El 3 de noviembre, Economía respondió solo al primer punto, dejando el resto sin contestación ni justificación. Ante esta situación, el ciudadano reclamó ante el CTBG, que ahora ha pedido explicaciones al departamento dirigido por Carlos Cuerpo.
Durante las alegaciones, Economía reconoció haber «desdoblado» la solicitud y derivado los puntos pendientes al Ministerio de Hacienda, al considerarlo competente. Aunque el reclamante aceptó esta explicación, el Consejo estima la reclamación por defectos formales, al entender que se vulneró su derecho a recibir una resolución completa y motivada.
El ciudadano queda ahora a la espera de que Hacienda informe sobre el estado de ejecución, el destino real de las donaciones, las auditorías realizadas y los incentivos fiscales aplicados, en un asunto que sigue generando opacidad y polémica política.
