«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Tribunal Constitucional se niega a hacerle el trabajo al Gobierno

Revela el diario ‘La Razón’ que, pese a los cambios en el funcionamiento del Tribunal Constitucional que ha aprobado el Gobierno, el Alto Tribunal “no aplicará su potestad para suspender a Puigdemont”. Puigdemont preparará la secesión desde la presidencia.

Mariano Rajoy espera que sea el poder Judicial, y no el Ejecutivo, el que desactive el desafío separatista catalán. Ha confiado tanto en los servicios jurídicos del Estado –Abogacía del Estado– como en Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Y en este sentido, la Abogacía del Estado actuará tal como lo viene haciendo hasta ahora, presentando recursos contra todas aquellas normas o leyes aprobadas por el Parlament que abunden en el separatismo, y la presumible suspensión de éstas por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno confía en que la Fiscalía, como en ocasiones anteriores, inicie acciones penales contra los miembros del Gobierno catalán y del Parlament que han sido advertidos por el Tribunal Constitucional de poder incurrir en responsabilidades penales si persisten en tramitar y/o aprobar cualquier ley que tienda a la “desconexión”.
Ocurrió ya con la suspensión de los presupuestos de la Generalitat en los que se dedicaba una partida para la celebración del referéndum ilegal, o con la reforma del Parlament que tenía por objeto celebrar el referéndum. En ambos casos, el Alto Tribunal notificó personalmente a los responsables que podían incurrir en responsabilidades penales por desobediencia.

Rajoy ha esperado demasiado

Según La Razón, ahora la Fiscalía volverá a intervenir presentando querellas contra los responsables -Carles Puigdemont el principal de ellos- de las leyes llamadas de desconexión que han de aprobarse en el Parlament en los próximos días. El problema es que las querellas no conllevarían la inhabilitación inmediata del president de la Generalitat, pues habría que esperar a una sentencia condenatoria en firme. Así, Puigdemont, la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los demás líderes separatistas permanecerán en sus cargos y perfectamente operativos el próximo primero de octubre.

Existe, sin embargo, una fórmula que inhabilitaría a Puigdemont, de forma provisional, antes de la fecha del referéndum. Y es que la última reforma de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional prevé que el propio organismo pueda adoptar de oficio esa medida cuando se constate una desobediencia persistente (previa solicitud de informe tanto a los afectados y de requerirles para que cesen en esa actitud). Una posibilidad que, no obstante, y según las fuentes del Alto Tribunal a las que ha tenido acceso La Razón, está descartada: “(El Constitucional) Actuará resolviendo los recursos que se presenten, pero todo lo demás corresponde la iniciativa a la Fiscalía”. Para el periódico, “una gran mayoría de magistrados del TC no está por la labor de llevar a cabo esa medida”, de modo que Carles Puigdemont podrá dirigir personalmente los planes sediciosos del Govern durante las próximas semanas, incluido el uno de octubre.

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