Los cinco sindicatos de Policía Nacional y las ocho asociaciones de guardias civiles se plantean de forma unánime más movilizaciones y, sobre todo, trabajar a reglamento, lo que podría colapsar el sistema si el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no cumple con sus planes de equiparación salarial.
Antes de dar estos pasos, las cinco organizaciones sindicales de la Policía y las ocho asociaciones de guardias civiles junto con la asociación Jusapol han convocado por primera vez en su historia una rueda de prensa para informar sobre la unidad de sus acciones con el objetivo de que el Ministerio del Interior les informe de los plazos y cuantía para lograr la igualdad salarial con el resto de policías autonómicos.
Por ello, los sindicatos policiales han formulado la declaración de conflicto colectivo, que conlleva la convocatoria de un consejo del Cuerpo (el órgano en que la dirección y los sindicatos están representados), en tanto que las asociaciones de guardias civiles han registrado también en Interior la exigencia de que se convoque ese consejo de la Guardia Civil.
Todos ellos dan de plazo a Zoido para comparecer en estos dos órganos la presentación del borrador de los presupuestos -calculan a mediados de enero- si bien consideran que debería haber una interlocución con las organizaciones antes.
En caso de que esta cita no se produzca, los secretarios generales del SPP y de AUGC, José Antonio Calleja y Alberto Moya, han avanzado en nombre de todos que se plantearán otras medidas de presión como manifestaciones y concentraciones, trasladar a la UE sus reivindicaciones e, incluso, trabajar a reglamento.
Esto supondría ajustarse escrupulosamente a todos los trámites en denuncias o controles, lo que podría conllevar un colapso, por ejemplo, en los aeropuertos, en la renovación del DNI o en las denuncias en comisaría, aunque han preferido no detallar cómo lo harían, ya que no tienen derecho a huelga y se trata de perjudicar lo menos posible al ciudadano.
«Ya es hora de que lo que se dice encuentre respaldo en los hechos», ha destacado Calleja, que reitera que el Gobierno tiene la obligación de dignificar las condiciones salariales de sus policías y guardias civiles y de que el ministro explique el escenario que manejan «donde tiene que informar».
Los encargados de anunciar estas medidas han asegurado que se trata de acciones «inusuales» y «extraordinarias» adoptadas porque el «diálogo no avanza y se estanca en materias que afectan nuclearmente a los derechos de los trabajadores».
Así, han recordado que llevan dos meses de espera y que ni siquiera las movilizaciones de Jusapol han provocado reacción alguna en el Departamento de Interior para avanzar en sus compromisos, después de que el PP y Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo para incluir la equiparación en los próximos presupuestos generales.
«El silencio se ha impuesto como norma y el máximo responsable de Policía Nacional y Guardia Civil ha preferido opinar, avanzar planes y confirmar proyectos ante medios de comunicación y en sede parlamentaria», ha lamentado Calleja en una declaración leída en nombre de las catorce organizaciones.
Para todas ellas, igualar los salarios de todos los policías y guardias civiles rondaría los 1.500 millones de euros en tres años, lo que en la nómina de un agente de la Policía Nacional o un guardia civil supondría unos 500 euros más al mes.
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