La polémica en torno a las balizas V16 continúa sin despejarse y mantiene a miles de conductores en una situación de incertidumbre absoluta. Los mensajes contradictorios lanzados desde la Administración han generado un escenario confuso en el que muchos ciudadanos no saben si la baliza V16 es ya obligatoria, si pueden seguir utilizando los tradicionales triángulos de emergencia o qué implica realmente la supuesta «flexibilidad» sancionadora anunciada por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
Ante este panorama, un agente de la Guardia Civil de Tráfico, que prefiere mantener el anonimato, ha respondido a El Debate sobre lo que está ocurriendo realmente en las carreteras.
«Nadie nos ha dicho que no multemos«, resume el agente la situación actual. Frente al discurso político, la realidad operativa resulta muy distinta. «La legislación dice claramente que los conductores tienen que llevarla obligatoriamente y eso es lo que tenemos que cumplir», añade.
El agente también cuestiona la eficacia real del dispositivo. «Las balizas son un error, ¿usted las ve en la carretera? Pues nosotros tampoco». La crítica apunta a uno de los principales problemas de la V16, su escasa visibilidad en situaciones reales de emergencia, especialmente en vías rápidas o con condiciones adversas.
Otro aspecto poco conocido es el límite funcional del dispositivo. A partir de los 30 minutos, la baliza V16 puede apagarse en cualquier momento, lo que reduce de forma significativa su utilidad en averías prolongadas o accidentes con tiempos de espera elevados.
En cuanto a las sanciones, el mensaje vuelve a ser inequívoco: «No hemos recibido ninguna instrucción en contra. Tampoco nos han ordenado pedirla de forma sistemática, pero podemos hacerlo y cuando hay una emergencia, si no se señaliza, nuestra obligación es sancionar«.
El testimonio recogido por El Debate pone de manifiesto una profunda descoordinación en la implantación de las balizas V16. Mientras desde el Gobierno se lanzan mensajes ambiguos, en carretera la norma sigue vigente y los agentes se rigen por la legislación, no por declaraciones políticas.