El centro de menores migrantes no acompañados (menas) de Telde (Gran Canaria), llamado «Capellanías», permite la visita de padres extranjeros a sus hijos que residen en el recurso y, tras ese encuentro, los progenitores abandonan la isla dejando a los menores nuevamente bajo tutela pública. Así lo denuncian mensajes internos de WhatsApp difundidos en redes sociales y que han reabierto el debate sobre el control administrativo de estos centros y el papel de las ONG que los gestionan.
Las capturas, atribuidas a un grupo de comunicación interna del centro gestionado por la ONG Quórum Social 77, muestran el seguimiento minuto a minuto de la visita de un padre a la isla. En los mensajes se informa de la salida de varios menores al entrenamiento, del traslado posterior del padre al aeropuerto y de su regreso al país de origen tras despedirse de sus hijos, que permanecen en el centro.
En concreto, los textos recogen cómo el progenitor acompaña a los menores a una actividad deportiva, es trasladado más tarde al aeropuerto y se marcha de Gran Canaria el mismo día. En uno de los mensajes se llega a señalar que una de las menores «se quedó un poco triste llorando», aunque después «ya se le pasó», confirmando el carácter emocional de una despedida definitiva.
La situación ha sido difundida públicamente por el usuario de X @CanarioToday, que sostiene que el centro permite este tipo de visitas sin que ello implique la recuperación de la tutela por parte de los padres. Según esta denuncia, los menores continúan dependiendo del sistema de protección autonómico y siendo mantenidos con fondos públicos a pesar de que sus progenitores han podido viajar hasta España para verlos.
El caso ha generado una fuerte polémica porque plantea interrogantes sobre los criterios administrativos que se aplican para mantener a estos menores bajo tutela institucional cuando existe un progenitor localizable y con capacidad de desplazamiento. También se cuestiona si este tipo de visitas están fiscalizadas por el Gobierno de Canarias y si existe un protocolo específico para estos supuestos.
Además, la ONG Quórum Social 77 arrastra ya controversias previas. El autor de la denuncia asegura haberla señalado anteriormente por un presunto suministro de tabaco a menores, una acusación que, por el momento, no consta que haya derivado en una resolución judicial firme conocida públicamente.
Por ahora, no existe confirmación oficial de que el Ejecutivo autonómico esté al tanto de estas visitas ni de si se han abierto expedientes informativos a raíz de lo sucedido. La difusión de estas conversaciones internas ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de los centros de MENAs en Canarias, un sistema tensionado por la presión migratoria, la falta de recursos y la creciente desconfianza social sobre su funcionamiento.
Mientras tanto, las preguntas siguen sobre la mesa: en qué condiciones se autoriza la entrada y salida de progenitores del entorno de los menores, qué controles se realizan sobre su situación familiar real y por qué, tras comprobar que un padre puede desplazarse hasta España, sus hijos continúan bajo tutela pública. La polémica vuelve a situar al centro de Capellanías en el centro del debate político y social sobre inmigración, protección del menor y uso del dinero público.
