La falta de coordinación entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional ha generado un grave problema burocrático que impide determinar cuántos menores extranjeros no acompañados residen actualmente en Cataluña. Así lo ha admitido Mónica Martínez Bravo, consejera de Derechos Sociales e Inclusión, en respuesta a una consulta parlamentaria, donde señala que los datos de la Generalidad no coinciden con los del Ministerio del Interior.
El conflicto surge porque los Mossos d’Esquadra no tienen acceso al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), gestionado por la Policía Nacional. Esto significa que cuando un mena llega a Cataluña, los agentes catalanes no pueden comprobar si ya había sido registrado previamente en otro punto del país. Ante esta imposibilidad, los Mossos deben tratarlo como un nuevo caso, duplicando los procedimientos administrativos y trasladándolo de nuevo a la Fiscalía de Menores y a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).
Este desajuste genera retrasos y duplicidades en la gestión, ya que, en otras comunidades, los menores son identificados por la Policía Nacional en su primera llegada mediante huellas dactilares y datos biométricos. Sin embargo, cuando alcanzan Cataluña, los Mossos d’Esquadra no tienen forma de acceder a esta información ni de inscribir nuevos casos en el RMENA.
Además, los procedimientos para verificar la edad de los jóvenes pueden prolongarse durante meses, dificultando aún más la actualización de datos. En este tiempo, los menores figuran provisionalmente en el Registro Central de Extranjeros (ADEXTRA), una base diferente que solo agrava la confusión administrativa. Por ejemplo, cuando un joven registrado inicialmente como adulto declara ser menor de edad tras llegar a la comunidad autónoma, su situación queda en el limbo hasta que la Fiscalía resuelva su caso.
Mónica Martínez Bravo también ha señalado que la falta de acceso al registro estatal impide un recuento fiable y actualizado del número de menores extranjeros no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable que requiere políticas públicas dimensionadas a sus necesidades reales. Esta situación ha sido expuesta en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por VOX, donde la consejera ha insistido en que es necesario resolver los desajustes administrativos y mejorar la colaboración entre el Estado y la Generalidad.
