Un empresario dedicado a la intermediación de grandes operaciones inmobiliarias asegura que un representante del Ministerio de Hacienda le exigió en 2021 una comisión del 3% destinada a un supuesto «primo» de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar en la venta de un edificio público situado en el número 50 de la calle María de Molina, en Madrid.

Según el testimonio desvelado por The Objective, la cantidad reclamada habría ascendido a 4,7 millones de euros. El porcentaje debía calcularse sobre los 155 millones en los que, según la versión del empresario, se valoraba entonces la operación.

El intermediario sostiene que participaba junto a un socio en la búsqueda de inmuebles para un cliente interesado en adquirir grandes propiedades. Fue durante las conversaciones sobre el edificio de Hacienda cuando, siempre según su relato, un representante del ministerio les comunicó que debían abonar un 3% para un supuesto familiar de Montero.

«No pregunté. Yo me creí que era un primo literal y no pregunté. No indagué», afirma el empresario, que asegura desconocer la identidad de la persona que debía recibir el dinero.

La exigencia provocó que los intermediarios abandonaran inmediatamente la operación. Su cliente ya había pactado con ellos una comisión del 3% por localizar propiedades, por lo que aceptar las condiciones planteadas suponía elevar hasta el 6% el coste total de la intermediación.

El empresario describe la petición como un «peaje» necesario para continuar adelante con la operación. «Simplemente desistimos porque vimos un peaje que había que pagar por hacer una licitación. Entonces dijimos: “No tiene sentido”», explica.

Según su versión, el representante de Hacienda se mostró inflexible y dejó claro que la comisión debía abonarse para seguir adelante. «Nos dijeron que el 3% tenía que pasar por ahí», sostiene.

La negativa de los empresarios puso fin a las conversaciones. «No volvimos a hablar», asegura el testigo, que afirma que nunca había vivido una situación similar durante su actividad profesional.

El intermediario reconoce que en aquel momento no concedió mayor importancia a la referencia al supuesto «primo» de Montero. «Será un familiar del ministerio que está encargado», pensó entonces, según relata.

Sin embargo, asegura que las informaciones conocidas durante los últimos meses sobre distintas investigaciones relacionadas con el Gobierno le llevaron a reconsiderar aquel episodio junto al otro intermediario que participó en las negociaciones.

«Viendo todo lo que hay alrededor del Gobierno, hemos hilado los dos intermediarios que estábamos en la operación, que a lo mejor no era un primo», afirma. «Nosotros en ese momento creíamos que era un primo literal, pero a lo mejor no lo era. No lo sé».

El inmueble de María de Molina, 50, había sido durante años una de las principales sedes del Ministerio de Hacienda. El departamento decidió desalojarlo en 2019 debido al deterioro de las instalaciones y al elevado coste que habría supuesto su rehabilitación.

Patrimonio del Estado intentó vender inicialmente el complejo, de unos 41.000 metros cuadrados, mediante dos subastas públicas. La primera fijó un precio de salida de 196 millones de euros y la segunda lo redujo a 185 millones. Ambas quedaron desiertas.

Tras los dos intentos fallidos, Hacienda modificó las condiciones de la operación. El precio de salida bajó hasta los 156 millones de euros y se flexibilizaron los plazos y las condiciones de pago.

La nueva subasta despertó el interés de seis grandes grupos inmobiliarios. Finalmente, Grupo Lar se adjudicó el inmueble en septiembre de 2023 tras presentar una oferta de 204,7 millones de euros, casi 49 millones por encima del precio de salida.

La operación fue formalizada ante notario en agosto de 2024. Posteriormente, el proyecto incorporó financiación del Banco Santander y la participación de la socimi Inbest para transformar el antiguo complejo administrativo.

Las obras comenzaron en 2025 bajo el nombre de Torre Castelló. El proyecto contempla 150 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes con unas 400 camas, dentro de una inversión global estimada en 400 millones de euros.

La denuncia del empresario introduce ahora una nueva sombra sobre las negociaciones previas a la venta del inmueble. Su testimonio sostiene que, dos años antes de la adjudicación definitiva, un representante de Hacienda habría condicionado la continuidad de una posible operación al pago de 4,7 millones de euros para un supuesto «primo» de María Jesús Montero.