En 2022, un empresario denunció por escrito ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de 3,6 millones de euros que recayó en la empresa de Juan Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
El denunciante sabía, antes de la resolución del concurso, que el adjudicatario del contrato sería Carlos Barrabés, según un email enviado al CSD al que ha tenido acceso el diario The Objective.
La Guardia Civil registró la semana pasada las oficinas del organismo público en busca de la documentación sobre ese contrato, que es uno de los que se están investigando en el Juzgado número 41 de Madrid en la causa que se sigue contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
En un correo electrónico desvelado este lunes por el citado diario, el empresario denunció que se incumplió el plazo de presentación de ofertas estipulado en la ley de contratación del sector público. Y después de exponer sus dudas sobre la legalidad del contrato, apuntó directamente a un posible amaño en el contrato: «De entre los dos lotes que componen la oferta, el primero de ellos tiene una concurrencia limitada a dos licitadores. Entre ambos, tengo serias sospechas de quién ganará este concurso: Innova Next S.L.U«. Por otro lado, señaló la escasa transparencia: «Con la intención de confiar en la transparencia en el proceso de licitación, he querido atender a la apertura de ofertas, pero no ha sido posible, porque todos los actos de apertura han sido privados sin posibilidad de asistencia de público. El último también lo será. Les agradecería, si es posible, pudieran dar más información al respecto y aclaren los datos que aquí abajo detallo, en caso de no ser correctos, y en caso de ser existir alguna irregularidad, se subsane de manera apropiada».
En la parte final del correo electrónico, el empresario criticó el carácter de urgencia que se le dio al contrato. «Se alude procedimiento de urgencia, únicamente porque no da tiempo a gastar el presupuesto. Legal, seguramente, pero cuestionable«, apuntó.
