El ex jefe de ETA Mikel Albisu Iriarte ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge que retrase su comparecencia por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque tiene planeadas unas vacaciones en Mallorca. Según ha avanzado OkDiario, el antiguo dirigente de la banda está en libertad mientras se le investiga por su implicación en la preparación de aquel atentado, y ha alegado que entre el 4 y el 11 de septiembre ya tenía reservado un viaje a la isla balear. Para justificarlo, su abogada incluso ha presentado los billetes de ferry como «prueba documental».
El magistrado había fijado el 10 de septiembre como fecha para interrogar a Antza y a otros dos exdirigentes etarras, Ignacio Gracia Arregui (Iñaki de Rentería) y Juan Luis Aguirre Lete (Insuntza). Todos ellos están señalados por su presunta participación en la planificación del crimen del concejal del Partido Popular en San Sebastián, abatido a tiros por un comando terrorista el 23 de enero de 1995 cuando salía de un restaurante. Ordóñez tenía entonces 32 años y una hija pequeña.
Los investigadores sostienen que la orden de asesinarlo fue adoptada en Francia por el Comité Ejecutivo de ETA y trasladada después al comando Donosti. El autor material del tiroteo, Valentín Lasarte, fue arrestado en 1996 y confesó que recibió las instrucciones de José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, quien actuaba siguiendo las directrices de la cúpula.
El juez De Jorge considera que existen indicios consistentes que apuntan a la responsabilidad de la cúpula de ETA en la decisión de acabar con la vida del edil popular. Por ello, Antza y los otros dos procesados se enfrentan ahora a un nuevo procedimiento, enmarcado en la reapertura de causas históricas de la banda armada.
La asociación Dignidad y Justicia, que ejerce de acusación, ha celebrado que este proceso se sume a otros ya abiertos contra los responsables de la organización en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, el atentado de Santa Pola y el crimen de Francisco Arratibel.
Según destacan los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, las nuevas diligencias han permitido reconstruir con mayor claridad qué dirigentes estaban al mando cuando se perpetraron aquellos asesinatos que marcaron una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España.
