El Tribunal Constitucional (TC) puede anular la sentencia de los ERE y absolver a los 12 condenados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves después de admitir a trámite los recursos presentados por los condenados a principios del mes de junio.
Así lo refleja el informe que motivó esa admisión a trámite y al que ha tenido acceso el diario The Objective.
En el texto, el letrado asume la tesis de la defensa de los condenados al considerar que los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones presupuestarias posteriores no son actos administrativos, sino políticos, porque fue el parlamento andaluz quien aprobó las cuentas públicas en las que se canalizaron las ayudas de los ERE.
El letrado entiende que la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo plantea «un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional». La raíz de la discrepancia es la consideración de la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su remisión a las cortes autonómicas como un acto administrativo, cuando, según el letrado, se trata del primer paso de la fase «prelegislativa».
El temor entre el sector conservador es que la magistrada ponente y vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, asumirá la principal línea argumental del informe de su letrado.
Una vez que se han admitido a trámite los recursos de amparo presentados por los condenados, lo más previsible según fuentes del TC es que se anule la sentencia. «El letrado que presenta el informe es un perfil progresista, afín a la ponente, por lo que Montalbán hará suyos sus argumentos», explican estas fuentes a The Objective.
