En pleno Ensanche de Santiago de Compostela, General Pardiñas, se vive una situación que raya lo insólito. Un inmigrante, de nacionalidad venezolana, ha ocupado un piso de 200 metros cuadrados, propiedad de María Lago, una jubilada de 78 años, y lo alquila por habitaciones a través de Idealista. Cada estancia la ofrece por 400 euros mensuales, lo que le genera un ingreso de 2.000 euros al mes, eludiendo cualquier control fiscal.
Para María, que vive con una pensión de apenas 750 euros, complementada con una de viudedad hasta alcanzar los 1.200 euros, la renta de este piso era clave para cubrir sus gastos. Sin embargo, no solo no recibe ingresos del inmueble, sino que debe asumir todos los gastos derivados de la ocupación, incluyendo facturas de luz, agua, comunidad y una derrama de 5.000 euros por reformas en el edificio. Su hija confiesa que la familia teme por su salud: «Está enferma del corazón y esta situación la tiene al borde del colapso«.
El problema comenzó cuando el okupa llegó como inquilino en diciembre de 2023, asegurando ser médico y vistiendo traje para ganarse la confianza. María firmó un contrato de alquiler por mediación de una agencia inmobiliaria. Pagó el primer mes de renta (1.100 euros) y parte de la fianza, pero en abril de 2024 dejó de abonar el alquiler. Desde entonces, no ha vuelto a pagar ni ha abandonado el inmueble.
María y su familia intentaron buscar soluciones amistosas. Se ofrecieron a ayudarle a encontrar una vivienda más económica, pero el hombre fue claro: «Voy a vivir de tu piso». Poco después, María se enteró de la verdadera magnitud del problema durante una reunión de la comunidad de propietarios. Los vecinos se quejaron del constante trasiego de personas, muchas veces borrachas y ruidosas, que habían convertido la vivienda en un lugar de molestias continuas.
El contrato firmado por el inquiokupa finalizó en junio, pero se niega a abandonar el piso. «Nos dijo que ni iba a pagar ni se iba a marchar, que sabía cómo evitar el desahucio«, relata la familia. Y parece que lo está logrando. El juicio para expulsarlo está programado para el 9 de diciembre, pero podría aplazarse porque el hombre ha solicitado un certificado de vulnerabilidad al Ayuntamiento, una estrategia utilizada en otros casos similares.
Además del daño económico, la situación ha supuesto un fuerte golpe psicológico para María. Dejó el piso familiar, donde vivió con su marido e hijos, pensando en complementar su jubilación alquilándolo. Ahora, no solo enfrenta deudas que superan los 9.000 euros en alquileres impagados, sino que también debe costear los suministros utilizados por el okupa y sus inquilinos. La comunidad, que incluye calefacción y agua caliente, le cuesta 250 euros al mes, a lo que se suman las elevadas facturas de luz y agua.
La familia ha tenido que intervenir para ayudarla a cubrir los gastos. «Nos preocupa que todo esto la termine afectando gravemente«, comenta su hija, destacando el impacto de esta situación en una mujer que trabajó toda su vida como autónoma para asegurar una vejez digna. Mientras tanto, el okupa sigue haciendo negocio con el que fue el hogar de María y su familia.
