Un propietario de Valencia lleva más de cinco años intentando recuperar su vivienda tras descubrir que su inquilino la ha convertido en un prostíbulo sin que ninguna administración haya actuado. Pese a las denuncias ante la Policía, la Agencia Tributaria o el Ministerio de Igualdad, el caso sigue sin resolverse y el arrendatario mantiene su derecho a permanecer en el inmueble hasta 2027 gracias a la legislación vigente.
El piso, de dos habitaciones y ubicado en un edificio residencial de 2007 en un barrio consolidado, fue alquilado en 2020 por 900 euros mensuales. El contrato se cerró con normalidad: el inquilino, un hombre español de unos 60 años, cumplía los requisitos y aportó avalista. Sin embargo, a los pocos meses comenzaron las sospechas, según detalla El Mundo.
El propietario, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que los vecinos empezaron a alertar de movimientos extraños en el portal. «Entraban hombres que no llamaban al timbre, les abrían directamente, y había ruidos constantes», relata. Esos ruidos, en muchas ocasiones, eran gemidos.
Pese a la evidencia, el problema se ha enquistado por un marco legal que impide actuar con rapidez. El arrendatario no ha dejado de pagar la renta en ningún momento, lo que le protege jurídicamente. Además, la reforma de la Ley de Vivienda aprobada en 2023 amplió la duración de los contratos hasta siete años en el caso de grandes tenedores, lo que permite al inquilino mantenerse en el inmueble hasta 2027.
El propietario denuncia un vacío legal que, en la práctica, deja indefensos tanto a los dueños como a los vecinos. «La Policía se desentiende. Me dicen que la prostitución no es delito salvo que se demuestre explotación. Incluso algún agente me ha reconocido que no pueden hacer nada», afirma.
Ante la falta de respuesta, ha acudido a distintas administraciones. Ha denunciado ante la Agencia Tributaria por posible actividad económica no declarada, ante la Seguridad Social para comprobar si hay trabajadores dados de alta y ha trasladado el caso a varios ministerios, incluido el de Igualdad en diciembre de 2024. También ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. No ha obtenido respuesta.
La única vía que le queda es la judicial. A comienzos de 2026 presentó una demanda civil tras reunir pruebas de la actividad en la vivienda, un proceso complejo debido a la forma en que operan estos pisos. «No publicitan la dirección. Dan un teléfono y luego instrucciones con referencias cercanas», explica.
El caso también choca con la normativa urbanística. En edificios residenciales, la actividad comercial sólo está permitida en plantas inferiores, no en viviendas compartiendo rellano con otros vecinos. Aun así, la situación persiste.
El malestar en el edificio es constante, aunque muchos vecinos evitan denunciar. «Cuando hay un problema en un piso alquilado, se señala al propietario», reconoce. No obstante, podrían ser llamados como testigos si el proceso judicial avanza.
Existen precedentes en distintas Audiencias Provinciales que avalan la resolución de contratos por las molestias generadas —ruidos, tránsito continuo de desconocidos o alteración de la convivencia—, incluso cuando la actividad no constituye delito.
El fenómeno, además, va en aumento. Según datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), en 2025 se detectaron 1.129 espacios de prostitución en España, de los cuales el 80% eran pisos. El modelo se ha expandido tras la pandemia, desplazando la actividad desde locales visibles a viviendas privadas, lo que dificulta su control.
El propietario asume que el proceso judicial puede alargarse más allá de 2027, cuando finalice el contrato. Aun así, insiste en seguir adelante. Su objetivo es recuperar la vivienda y poner fin a una situación que, según denuncia, evidencia la inacción institucional y las lagunas legales que permiten consolidar este tipo de actividades en pleno mercado residencial.
