Una inmigrante subsahariana de 36 años que se hacía pasar por mena logró infiltrarse en un centro de menores de Lanzarote y, según la investigación policial, habría facilitado la salida de al menos 13 jóvenes del sistema de protección para integrarlas en una red internacional vinculada a la trata.
El caso se enmarca en la denominada Operación Timanfaya, desarrollada por la Policía Nacional, que ha permitido desarticular una organización con ramificaciones en varios países y dedicada al traslado ilegal de menores desde Canarias hacia Europa. Las pesquisas se iniciaron tras detectarse desapariciones reiteradas en un centro de Arrecife.
Los agentes comenzaron a fijarse en una supuesta menor que ejercía una influencia destacada sobre el resto de chicas. Su comportamiento y liderazgo despertaron sospechas, que se confirmaron al descubrirse que en realidad era adulta y que desempeñaba un papel clave dentro de la red.
Según la investigación, esta mujer persuadía a las jóvenes para abandonar el centro y trasladarse a viviendas donde permanecían durante horas. En esos pisos se organizaba la siguiente fase del viaje, incluyendo la obtención de documentación falsificada para salir del país. En uno de los mensajes hallados en su teléfono móvil, llegó a afirmar: «Ya he vaciado el centro de niñas».
El itinerario diseñado por la organización incluía el traslado hasta el aeropuerto de Lanzarote, donde otro miembro facilitaba documentación y elementos para alterar la identidad. Desde allí volaban a Madrid, donde eran recogidas por colaboradores que las acompañaban hasta estaciones de transporte para continuar el trayecto hacia Francia, aunque no se descartan otros destinos finales.
La red contaba con una estructura internacional consolidada. Se han identificado apoyos logísticos en Marruecos para el traslado inicial hacia Canarias, así como conexiones en Costa de Marfil para la elaboración de documentos falsos. En territorio español, la organización disponía de recursos para alojar temporalmente a las menores y coordinar su desplazamiento.
A día de hoy, el paradero de varias de las jóvenes sigue siendo desconocido. Las hipótesis que manejan los investigadores incluyen posibles casos de explotación laboral, matrimonios forzados o prostitución. El hallazgo de material sensible en el teléfono de uno de los implicados ha reforzado algunas de estas líneas de investigación.
La operación policial logró interceptar en el aeropuerto a las últimas tres menores antes de que abandonaran el país. Entre ellas se encontraba la mujer que se hacía pasar por menor, que fue detenida. Las otras dos regresaron al centro, aunque posteriormente intentaron huir nuevamente aprovechando los periodos de salida permitidos.
Uno de los principales obstáculos para la actuación policial ha sido el propio funcionamiento de los centros de protección. Estos espacios no son instalaciones cerradas, por lo que los menores pueden salir en determinados horarios sin supervisión constante. Tal y como explicó la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, se trata de recursos abiertos concebidos como hogares, no como centros de internamiento.
Este modelo, unido a la saturación del sistema —que llegó a acoger a cerca de 6.000 menores en un dispositivo pensado para unos 1.500—, ha dificultado el control de posibles fugas. En muchos casos, la desaparición no se detectaba hasta el día siguiente, cuando ya era complicado reaccionar.
