La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica demandó a la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, por prevaricar al nacionalizar a los exiliados. Lo hizo el pasado 16 de abril en el cargo de directora general del Ministerio de Justicia, en la modificación de la conocida como ley de nietos, referida a las nacionalizaciones de descendientes de exiliados españoles con supuestos fines electoralistas.
Esta ley, en vigor desde hace año y medio, se centra en conceder la nacionalidad a los hijos o nietos de «exiliados políticos» durante la dictadura franquista. Por ello, consideraron que resultaba «discriminatoria» y «excluyente» con todos aquellos que abandonaron el país por motivos económicos. Los querellantes argumentaron que esta exclusión era injusta y arbitraria, acusando PSOE de buscar únicamente nacionalizar nuevos votantes en beneficio propio.
Ahora, Sofía Puente es la número tres en el Ministerio de Justicia desde que Félix Bolaños asumió el pasado mes de noviembre esa cartera. Ahora, tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE, la juez Coro Monreal ha instado a los querellantes a presentar un poder especial para interponer acciones legales contra la hermana del ministro de Transporte.
La juez ha incoado diligencias previas tras inadmitir de forma momentánea la querella a la espera de que se subsanara dicho defecto de forma. Además, exigía a la asociación una fianza de 3.000 euros para ejercer la acusación popular en el procedimiento. Una vez presentado dicho poder exigido por el Juzgado, la juez ha admitido a trámite el recurso y ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la querella interpuesta.
Tras un año y medio con la ley vigente, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el plazo para que los exiliados por la dictadura franquista y sus descendientes puedan solicitar la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática se extenderá un año más, es decir, hasta finales del año 2025.
