Un juez de Cornellá (Barcelona) ha aceptado a VOX como acusación popular en la causa en la que investiga a la cúpula de los Mossos de Esquadra por su papel el 1-O, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su petición para que la Audiencia Nacional asuma las pesquisas.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellá admite a trámite la querella interpuesta por VOX contra la cúpula de los Mossos de Esquadra, entre ellos el exjefe de la Policía catalana Ferran López y los comisarios de la jefatura Joan Carles Molinero y Emili Quevedo, por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y denegación de auxilio.
Al admitir a trámite esta querella, el juez, que ya tenía abierta una investigación de oficio sobre el papel de la cúpula de la Policía catalana el 1-O, otorga a los mandos policiales la condición de investigados/querellados, para que se puedan personar en la causa y solicitar diligencias para su defensa.
No obstante, el juez no acuerda por el momento ninguna diligencia, ya que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión de competencia que planteó para que la investigación quede en manos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado por sedición al exjefe de los Mossos de Esquadra Josep Lluís Trapero.
«Habiéndose planteado cuestión de competencia ante el Supremo, no obstante continuar siendo este juzgado competente para la tramitación de la causa hasta tal decisión, se considera que las diligencias instadas por el querellante no han de ser por el momento practicadas hasta la resolución de la cuestión planteada, cuestión cuya resolución, dado el tiempo transcurrido, debe ser inminente», sostiene el magistrado.
El juez de Cornellá se inhibió en marzo pasado de la causa que había abierto de oficio sobre la actuación de los mandos de los Mossos del 1-O con el objetivo de que la asumiera la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a la que alertaba de que había indicios de criminalidad para imputar a la cúpula de la Policía catalana.
No obstante, Lamela rechazó en abril asumir esta investigación, alegando que no apreciaba motivos que aconsejaran que los dos procedimientos fueran juzgados en una única causa.
Ante la negativa de Lamela, el juez de Cornellá ha planteado una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, aún pendiente de resolver, para que haga recaer en la Audiencia Nacional la investigación, ya que entiende que tanto Trapero como los demás mandos que formaban parte de la cúpula fueron los que «decidieron y ejecutaron» cómo tenían que actuar todos los demás miembros de la policía autonómica.
Entre los mandos que tienen la condición de investigados al admitir el juez la querella de VOX figuran el comisario Ferran López, exnúmero dos de la Policía en época de Trapero y que fue el jefe de los Mossos durante la etapa del 155, hasta que el nuevo consejero de Interior, Miquel Buch, aceptó el pasado 14 de junio su renuncia.
También constan como querellados el comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo, así como el comisario de la jefatura Xavier Gàmez, uno de los más estrechos colaboradores de Trapero.
La investigación también se centra en el intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, además del jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad y la jefa de los servicios jurídicos.
En su escrito de inhibición en favor de Lamela, el juez de Cornellá sostenía que los Mossos diseñaron un dispositivo para facilitar el 1-O, y no para impedirlo, ya que, pese a ser un cuerpo «más que profesional», entendía que hubo una «intención torticera» que coincide con las «manifestaciones de los dirigentes políticos rebeldes», en alusión al exconseller de Interior Joaquim Forn -encarcelado en la prisión de Estremera-, quien aseguró que la Policía catalana permitiría votar en el referéndum.
Según el juez, existirían «indicios racionales de criminalidad» respecto de «todos los miembros de la jefatura» de los Mossos durante la etapa de Trapero que asumieron la elaboración y aprobación de las «pautas de actuación» del cuerpo de cara al referéndum.
Para el juez, estas pautas de actuación, que eran de obligado cumplimiento para todos los agentes de la Policía catalana, perseguían su inacción con el fin de permitir la celebración del referéndum del 1-O, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que lo impidieran.
