El magistrado Fernando Portillo, miembro del Foro Judicial Independiente, ha cuestionado la instrucción firmada en 2022 por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que amplió el alcance de la conocida como ley de nietos sin pasar por el correspondiente debate parlamentario. En una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, Portillo sostuvo que el documento «cambia lo que dice la ley» y advirtió de las dificultades para revertir ahora sus efectos por la vía judicial.
El magistrado explicó que las instrucciones administrativas tienen una función limitada y están destinadas a fijar criterios internos sobre cuestiones procedimentales, como la tramitación de solicitudes, los plazos o los modelos administrativos. Sin embargo, considera que la instrucción elaborada por Sofía Puente fue más allá de ese ámbito.
«Algunas instrucciones son órdenes que dan los superiores dentro de la Administración sobre cuestiones puramente procedimentales, pero esta amplía el ámbito de las personas a las que va dirigida sin pasar por el debate parlamentario correspondiente», afirmó.
Portillo recordó que durante la tramitación parlamentaria de la norma el texto fue objeto de modificaciones que limitaron su alcance inicial. «Cuando esta ley se aprobó, precisamente se restringió en el debate parlamentario porque pretendía ser más amplia. Lo que no se consiguió por vía parlamentaria parece que se consigue por vía de instrucción», señaló.
A su juicio, el documento administrativo «desborda el marco legal», ya que elimina uno de los requisitos previstos por la ley para acceder a la nacionalidad española. «Donde la ley habla de exiliados que deben justificar documentalmente su condición por motivos políticos o ideológicos, eso se borra de un plumazo y ya no hay que justificar nada. Basta con haber salido de España en ese periodo para entrar dentro», afirmó.
El magistrado reconoció que no es infrecuente encontrar instrucciones administrativas que excedan el contenido de la ley, aunque subrayó que en este caso la trascendencia es mucho mayor por el número de personas afectadas. «Aquí estamos hablando de millones de personas, más de un millón de personas», advirtió.
Portillo también se refirió a las posibilidades de impugnar judicialmente la instrucción. Según explicó, el recurso directo contra el documento debía presentarse en un plazo de dos meses desde su aprobación en 2022, por lo que esa vía estaría prácticamente cerrada.
No obstante, indicó que existen referencias a un recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, aunque precisó que no ha podido confirmar el estado actual del procedimiento. «He encontrado pocas referencias y no me atrevo a sostener exactamente cuál es su situación», señaló.
En la actualidad, añadió, sólo cabría recurrir actos administrativos concretos dictados en aplicación de esa instrucción, pero no anular el documento en sí. Entre los ejemplos citó las inscripciones en los censos electorales derivadas de la concesión de la nacionalidad al amparo de esa interpretación administrativa.
«Podrían recurrirse esos actos si se entendiese que obedecen no a la ley, sino a la instrucción», explicó, aunque insistió en que se trata de un escenario todavía hipotético.
Portillo concluyó que la existencia de esta instrucción, vigente desde 2022, adquiere ahora una especial relevancia por el contexto político y el debate abierto sobre el impacto de la ley de Memoria Democrática en el censo electoral. «Lo que hemos descubierto estos días es la existencia de la instrucción. En el contexto político actual recobra una importancia sublime», zanjó.