Una vista oral prevista en la Audiencia Nacional abordará en las próximas semanas la presunta comisión de delitos de lesiones, acoso laboral y agresión sexual en el seno de una embajada española ubicada en el norte de África. Según publica ABC, los hechos, según los escritos de acusación, afectan a dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el complejo diplomático y a una agente que ejercía funciones en el mismo equipo de seguridad.
El subinspector J.P.L.C. se enfrenta a una petición fiscal de tres años y seis meses de prisión por acoso laboral y dos años y seis meses por lesiones, mientras que el agente A.Y.M., considerado principal investigado, afronta tres años y seis meses por acoso laboral, dos años y seis meses por lesiones y tres años y seis meses por agresión sexual. El Ministerio Público sostiene que ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la denunciante con 25.000 euros por lesiones psicológicas y daño moral.
La denunciante optó inicialmente por la vía interna antes de acudir a la jurisdicción penal. Según consta en las actuaciones, los procedimientos internos del Cuerpo se activaron tras la comunicación de los hechos, abriéndose una información reservada que permanece en tramitación. Con posterioridad, la agente interpuso querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, que fue admitida a trámite mediante auto de 30 de agosto de 2024.
El escrito del Ministerio Fiscal describe un contexto de comentarios de contenido sexual y descalificaciones reiteradas hacia la agente. Siempre conforme a la acusación, la situación se intensificó el 3 de febrero de 2023 durante una comida celebrada en las instalaciones comunes del complejo diplomático, en la que participaron miembros del equipo de seguridad y otras personas. Tras el encuentro, durante una partida de dardos, el agente A.Y.M. habría realizado tocamientos y empujones a la denunciante, quien, según el relato fiscal, intentó apartarse y solicitó ayuda al subinspector.
En ese momento, el mando habría respondido con la expresión: «En temas de abusos no me meto, vosotros sabréis», frase incorporada al escrito de acusación. La Fiscalía interpreta dicha conducta como un acto de omisión deliberada de auxilio en un contexto de superioridad jerárquica, extremo que fundamenta la imputación por acoso laboral y lesiones.
El relato acusatorio añade que, con posterioridad, ambos investigados habrían proferido expresiones vejatorias sobre la agente y difundido en un grupo de mensajería instantánea una canción titulada “Rata de dos patas”, tras la negativa de la funcionaria a acudir a un encuentro social. Asimismo, el 11 de mayo de 2023 se habría producido un nuevo episodio de asedio en un establecimiento hostelero, que dio lugar a un informe policial remitido al consejero de Interior de la legación diplomática.
Como consecuencia de los hechos denunciados, la agente presenta un trastorno psicológico que ha requerido tratamiento prolongado, según consta en la documentación aportada. La acusación particular, ejercida por el letrado Marco Antonio Navarro, eleva las peticiones de pena hasta doce años de prisión para el presunto autor de la agresión sexual y siete años para el subinspector, además de una indemnización de 70.000 euros.
Ambos investigados niegan los hechos.
