Un mena marroquí de 16 años ha agredido a una trabajadora social en el centro de acogida de Movera, en Zaragoza, uno de los recursos dependientes del Gobierno de Aragón para menores extranjeros no acompañados bajo tutela autonómica. El episodio, ocurrido el pasado 22 de mayo, ha sido recogido en un informe interno del propio centro y trasladado a la Consejería competente.
La trabajadora afectada ha presentado denuncia en Comisaría tras sufrir amenazas, empujones y una actitud violenta por parte del menor. Según la documentación remitida, el joven ya había protagonizado altercados anteriores desde su llegada a Aragón el pasado 9 de febrero, después de ser derivado a la comunidad por el Estado para quedar bajo tutela del Ejecutivo regional.
El incidente se inició después de que el menor se negara a seguir las indicaciones del equipo educativo. De acuerdo con el informe, el joven mantuvo una actitud especialmente desafiante contra la profesional, a la que habría amenazado con golpear con un vaso. También le lanzó un plato con intención de alcanzarla, aunque la trabajadora consiguió esquivarlo.
La tensión aumentó dentro del centro y provocó un revuelo entre otros internos, por lo que se dio aviso a la Policía. Mientras llegaban los agentes, el menor habría continuado profiriendo amenazas contra la educadora, levantándole la mano en actitud intimidatoria y empujándola de forma violenta.
El día anterior, el jueves 21 de mayo, el mismo joven ya había provocado una alteración grave de la convivencia en la residencia. Ese antecedente, unido a la agresión del día siguiente, ha reforzado la preocupación del Gobierno aragonés por la situación en algunos centros de acogida.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (VOX), ha ordenado un seguimiento estrecho de este tipo de incidencias para conocer de primera mano los problemas que se están produciendo en los centros. Su departamento defiende que se trata de una cuestión que afecta tanto a la seguridad de los trabajadores como a la convivencia interna.
Nolasco ha impulsado de urgencia un protocolo para reforzar la vigilancia y la seguridad en los centros de menores extranjeros no acompañados de Aragón. La primera opción planteada por el Ejecutivo autonómico pasa por recurrir a medios de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la comunidad, ya que entre sus funciones figura la protección y seguridad de sedes oficiales del Gobierno de Aragón.
Ese plan deberá coordinarse con la Consejería de la que depende orgánicamente dicha unidad policial. El objetivo es establecer un dispositivo que permita actuar con mayor rapidez ante incidentes graves y prevenir situaciones de riesgo para el personal educativo y para el resto de residentes.
El vicepresidente aragonés ha asegurado que este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una sucesión de episodios de conflictividad protagonizados por varios menores acogidos en centros de la comunidad. Según Nolasco, algunos de ellos serían reincidentes y su comportamiento estaría afectando al clima interno de las residencias.
El responsable autonómico ha expresado su apoyo a la trabajadora agredida y ha anunciado que el Gobierno de Aragón prestará asistencia jurídica a los empleados que sean víctimas de agresiones o amenazas en el desempeño de sus funciones. También ha defendido la necesidad de informar con transparencia sobre estos episodios cuando afecten a la seguridad de los centros y de sus profesionales.
