«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Los precios por plaza oscilan entre 185 y 186 euros diarios, más IVA en algunos casos

El Gobierno de Ayuso adjudica varios contratos para la gestión de 202 menas con un coste anual de más de 14 millones: 5.858 euros al mes por cada uno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid ha adjudicado varios contratos a entidades y ONG para la atención residencial de 202 menores extranjeros no acompañados (menas) por un importe anual que supera los 14 millones de euros.

Según la Orden 1352/2026 de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, publicada en el marco de un Acuerdo Marco para el «Acogimiento residencial de menores sin referente familiar atendidos por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad» y avanzada por @CanarioToday, se han adjudicado plazas a nueve entidades a través de un procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Entre las adjudicatarias figuran la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado (30 plazas a 186 €/día por plaza), Asociación Dual, Fundación Samu, Arquosocial S.L., Fundación Diagrama – Intervención Psicosocial, Asociación Formación, Integración Social Almeriense Afinsa, Fundación Amigo, Federación Plataformas Sociales Pinardi y Asociación Centro Trama. Los precios por plaza oscilan entre 185 y 186 euros diarios, más IVA en algunos casos.

De acuerdo con los datos difundidos, el gasto medio por mena asciende a 192 euros al día, lo que equivale a aproximadamente 5.858 euros al mes por menor. Multiplicado por los 202 menores y por los 365 días del año, el coste total supera los 14 millones de euros anuales.

Este gasto se destina a la cobertura de centros residenciales que ofrecen alojamiento, manutención, atención educativa, sanitaria y psicosocial a los menores tutelados por la Comunidad de Madrid. La adjudicación se justifica en la necesidad de dar respuesta al acogimiento de estos menores sin referente familiar en la región.

La información ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan el elevado coste por plaza en comparación con otros servicios sociales, mientras que otras voces defienden la obligación de la Administración de garantizar la protección de estos menores conforme a la legislación vigente.

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