Nuevo escándalo en la gestión de menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias. Esta vez, @CanarioToday ha avanzado el caso de un joven senegalés acogido en la región pese a tener a su familia plenamente localizada en Europa.
Según la información difundida en la red social X, el menor se encuentra bajo tutela en un centro de las islas, mientras que sus padres residen en Francia y un tío suyo vive en Barcelona. Los datos proceden de un informe elaborado por la ONG Quorum Social 77, en el que se detalla la situación familiar del joven.
💥 #EXCLUSIVA | Un MENA senegalés permanece en un centro de Canarias mientras sus padres residen en Francia y su tío en Barcelona.
— Canario Today (@CanarioToday) April 14, 2026
La familia está perfectamente localizada y el menor expresa su deseo de reunirse con sus padres, tal y como recoge un informe de la ONG Quorum… pic.twitter.com/YYPpcVIDYS
El documento señala que el menor mantiene contacto frecuente con sus familiares y que su principal objetivo es reunirse con sus padres. De hecho, el informe apunta que decidió desplazarse a España con la intención de mejorar su futuro y facilitar ese reencuentro.
A pesar de esta circunstancia, el joven continúa dentro del sistema de protección en Canarias, lo que ha reavivado el debate sobre los criterios de acogida y derivación de menores extranjeros no acompañados. Este tipo de casos plantea interrogantes sobre si los protocolos actuales priorizan adecuadamente la reunificación familiar cuando existen parientes directos en otros países europeos.
En los últimos años, distintas voces han advertido de un incremento de situaciones similares, en las que menores con vínculos familiares fuera de España permanecen en centros de acogida durante largos periodos. Este fenómeno ha sido calificado en algunos ámbitos como «menas en tránsito» o «menas-Erasmus», un término utilizado para describir desplazamientos dentro de Europa con el objetivo de acceder a mejores condiciones.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en el modelo de gestión de estos menores y en el uso de recursos públicos, en un contexto en el que las comunidades autónomas, especialmente las islas Canarias, denuncian una fuerte presión sobre sus sistemas de acogida.