«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
AL NO CONTAR CON MÁS DE 4.500 ESTUDIANTES

Un tercio de las universidades privadas podrían cerrar por no alcanzar el mínimo de estudiantes requerido por el Gobierno

Campus de ESIC en Pozuelo (Madrid). Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto que impondrá limitaciones a la creación de universidades en todo el país, estableciendo criterios más estrictos para su constitución. Entre las principales modificaciones, la reforma legal retirará la autorización para operar a aquellas universidades que no cuenten con más de 4.500 estudiantes. Esto resultaría en la pérdida de la autorización para al menos el 34% de las instituciones educativas, lo que implicaría el cierre de 14 campus privados y dos públicos.

Según los últimos datos oficiales, las universidades privadas madrileñas que no alcanzan el «volumen mínimo» de estudiantes son Cunef (2.569), Esic (2.539), Internacional de la Empresa (2.248), Udit (2.033) y Villanueva (2.001). En las Islas Canarias, tampoco cumplen con este requisito la Universidad del Atlántico Medio (3.975), la Universidad Europea de Canarias (2.275) y Fernando Pessoa (1.380). Asimismo, se quedan cerca de cumplirlo la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (4.301), San Jorge de Zaragoza (3.614) y Abat Oliva CEU de Barcelona (2.641).

En cuanto a las universidades públicas, la Menéndez Pelayo, dependiente del Gobierno, y la Universidad Internacional de Andalucía tampoco superarían el umbral, lo que implicaría la pérdida de su autorización para operar. No obstante, un decreto aprobado en 2021 por el ministro de Universidades, Manuel Castells, les otorgó una amnistía, y el borrador de la reforma actual no ha introducido modificaciones al respecto, por lo que lo más probable es que continúen al margen de la nueva normativa.

Fuentes del Ministerio han indicado que el borrador aún puede someterse a modificaciones, aunque no se espera que se cambie el requisito del número de alumnos. En cuanto a los campus online, que estarán bajo la supervisión del Gobierno Central, estos deberán contar con un informe «preceptivo y vinculante» de la Aneca estatal, además de un informe del Ministerio y la aprobación del Ejecutivo en las Cortes Generales.

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