La Asociación Valencia Acull, destinada apoyar inmigrantes y «combatir discursos y actitudes racistas», ha recibido más de un millón de euros en fondos públicos, de los cuales un total del 70% ha sido destinado a sueldos, mientras que sólo una pequeña parte se ha utilizado para proyectos destinados a mejorar las condiciones de la comunidad inmigrante. De los 1.069.000 euros que constituyen su presupuesto anual, apenas un 3% proviene de ingresos propios, mientras que el resto es obtenido a través de subvenciones de diversas administraciones: estatales, autonómicas, locales y europeas. Este uso de los recursos ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y el manejo adecuado del dinero público.
La presidenta de la entidad, Ángela Pedraza Munar, ha sido relacionada con movimientos políticos de claro sesgo izquierdista, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de intereses. De hecho, ha figurado en las listas electorales de la coalición Podemos-Izquierda Unida en Valencia. Asimismo, la coordinadora general de la asociación, Julia Checa Valero, también ha estado vinculada a Compromís, habiendo aparecido en las listas electorales en Alfara del Patriarca. Estas conexiones políticas subrayan la cercanía de la organización con formaciones de izquierdas.
La asignación de los recursos financieros también revela un desbalance significativo. Mientras Valencia Acull asegura que su misión es la integración y apoyo a la población migrante, las cifras indican lo contrario. Sólo 9.171 euros se destinan al mantenimiento de las viviendas de acogida, una cantidad comparable al gasto en papelería y fotocopias, lo que pone en duda el impacto real de la organización en la comunidad. Este manejo de los fondos, como muestran los documentos a los que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, ha generado inquietudes sobre la efectividad y el verdadero propósito de la asociación.
