La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid por mantener un sistema de recaudación de sanciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que considera «de dudosa legalidad», a pesar de los pronunciamientos judiciales contrarios a este tipo de normativas en varias ciudades españolas. Según la organización, el consistorio madrileño habría emitido más de 2,5 millones de multas desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024, por un importe total que supera los 479 millones de euros.
Mario Arnaldo, presidente de AEA, acusa al consistorio de aplicar tácticas dilatorias para retrasar la aplicación de las sentencias que anulan las ordenanzas de movilidad. «Han seguido cobrando sanciones esperando un fallo favorable del Tribunal Supremo, pese a que los precedentes en Barcelona y Esplugues de Llobregat ya han resultado contrarios a los ayuntamientos», afirma Arnaldo. En su opinión, los responsables municipales madrileños han optado por prolongar el proceso judicial únicamente para mantener activo un mecanismo de ingresos «enriquecido al margen de la legalidad«.
El caso de Esplugues ha marcado un nuevo hito. El Tribunal Supremo inadmitió recientemente el recurso presentado por su ayuntamiento, consolidando así la anulación de su normativa sobre ZBE. Esta resolución se suma a las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya dejó sin efecto las ordenanzas de ciudades como Barcelona, L’Hospitalet y Cornellà. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había dictado una sentencia anulando la ordenanza equivalente en la capital española, aunque el Ayuntamiento presentó un recurso que aún está pendiente de resolución.
En este contexto, AEA alerta de que algunos municipios están utilizando este periodo de indefinición jurídica para seguir embargando cuentas bancarias y ejecutando sanciones relacionadas con las ZBE, a pesar de que el marco legal que las sustenta ha sido declarado nulo en varios casos. «Lo que está ocurriendo es que, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente o garantizar la seguridad vial, muchos consistorios han generado un negocio millonario basado en multas sin respaldo legal firme», denuncia la asociación.
L’Hospitalet de Llobregat es otro ejemplo citado por AEA, donde la recaudación por infracciones de tráfico se ha duplicado respecto a lo presupuestado, según indican los datos recopilados por la entidad. Arnaldo tilda a estos ayuntamientos de «morosos institucionales», ya que, incluso después de ser advertidos por los tribunales, se niegan a devolver el dinero cobrado indebidamente a los ciudadanos.
La magnitud económica del problema es tal que AEA ha instado a todos los conductores sancionados en zonas ZBE a recurrir sus multas. Su recomendación es clara: agotar todas las vías legales para impedir que las sanciones adquieran firmeza, lo cual abriría la puerta a una eventual devolución de las cantidades cobradas si se confirma su invalidez legal.
