Una de las empresas que pagó al ‘clan Zapatero’ está siendo investigada en la causa secreta sobre la posible financiación ilegal del PSOE a través de operaciones vinculadas a la venta de petróleo venezolano. Se trata de Softgestor SL, una sociedad española que, según las pesquisas, habría servido para canalizar fondos hacia Análisis Relevante, la mercantil controlada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigación sitúa a Softgestor en un punto especialmente sensible del entramado. La sociedad abonó 145.200 euros a Análisis Relevante en dos transferencias de 72.600 euros realizadas en octubre de 2020 y septiembre de 2021. Formalmente, esos pagos estaban amparados por un contrato de prestación de servicios fechado el 30 de julio de 2020, pero el juez José Luis Calama considera que este tipo de acuerdos pudieron funcionar como instrumentos de apariencia para justificar movimientos económicos.
El administrador único de Softgestor era Carlos Alberto Parra Delgado. Sin embargo, los investigadores atribuyen el control real de la compañía al empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, un banquero vinculado al chavismo y señalado como intermediario en operaciones petroleras de Venezuela. Flores, al que se da por muerto, habría utilizado a Parra Delgado como testaferro en España para manejar distintas sociedades.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mantiene bajo la lupa a varias empresas españolas presuntamente conectadas con esta red. Una de ellas es Apamate Corporate And Trust SL, también vinculada a Parra Delgado y atribuida al entorno de Francisco Flores. Esta sociedad cuenta además con un apoderado de especial relevancia dentro del círculo de Petróleos de Venezuela SA y del chavismo: Óscar Cunto André.
Cunto André es vicepresidente y responsable jurídico de la Federación Venezolana de Fútbol, además de persona próxima a Jorge Giménez, presidente de la federación. Giménez aparece investigado por una presunta trama que habría defraudado hasta 1.200 millones de dólares a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
El nombre de Jorge Giménez ya había aparecido en las investigaciones del caso Koldo. Según los mensajes analizados por la UCO, el empresario español Víctor de Aldama habría recibido de Giménez 80.000 dólares en metálico para «seguir alimentando la máquina». En una conversación de mayo de 2020, Aldama le escribió que tenía claro que le pagaría, pero que el Gobierno funcionaba de una determinada manera y que «la máquina necesita aceite». La entrega, según la Guardia Civil, se habría producido el 18 de junio de 2020 mediante terceras personas.
La línea de investigación que sigue el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional analiza si esas estructuras societarias y esos pagos pudieron estar relacionados con una posible financiación irregular del PSOE. La causa permanece secreta y examina el papel de empresas controladas por personas del entorno de Francisco Flores, Jorge Giménez y otros intermediarios ligados a PDVSA.
El caso ha adquirido una nueva dimensión después de la imputación de Zapatero acordada por el juez Calama. Su resolución no se limita al rescate de Plus Ultra, sino que describe una supuesta estructura internacional dedicada a intermediar en operaciones de petróleo, oro y otros activos venezolanos mediante contactos políticos de primer nivel.
En ese esquema aparecen nombres directamente relacionados con el chavismo, como Delcy Rodríguez o Alex Saab. Este último, considerado testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos, figura como uno de los nexos entre las operaciones de venta de crudo venezolano, el entorno de Zapatero y las sospechas sobre una eventual financiación socialista.
Víctor de Aldama también apuntó en sede judicial a esa conexión petrolera. Según su declaración ante el juez Ismael Moreno, Francisco Flores disponía de licencia para operar con cupos de petróleo venezolano y formaba parte de la estructura utilizada para comercializar crudo de PDVSA fuera del país. El llamado «sobre de Aldama» incluía documentación sobre una operación valorada en 250 millones de dólares, relacionada con seis millones de barriles de crudo Boscán.
La resolución de Calama sostiene que el entorno de Zapatero habría utilizado sociedades españolas para recibir y mover fondos procedentes de negocios internacionales relacionados con petróleo y oro venezolanos. En ese marco, Softgestor adquiere relevancia por sus transferencias a Análisis Relevante y por su presunto vínculo real con Francisco Flores.
Los investigadores destacan además un dato significativo: Julio Martínez no habría tratado directamente con Carlos Alberto Parra Delgado, administrador formal de Softgestor, sino con Francisco Flores. De hecho, según la investigación, fue el propio Flores quien intervino en la modificación del contrato para decidir qué sociedad debía firmarlo finalmente. En un primer momento se barajó emplear Apamate Corporate And Trust, pero finalmente se optó por Softgestor.
Esa circunstancia refuerza la tesis de la UDEF, que considera acreditado que Flores tomaba las decisiones efectivas sobre ambas sociedades. Para los investigadores, Parra Delgado habría actuado como titular formal, mientras que el control operativo y económico recaería en el empresario venezolano.
La trama que se investiga en torno a PDVSA tendría a Alex Saab como una de sus figuras centrales y a Jorge Giménez y Francisco Flores como enlaces con el denominado «Grupo Zapatero» y con interlocutores en España. La sospecha de los investigadores es que las empresas controladas por estos intermediarios pudieron servir para canalizar pagos hacia el entorno del expresidente y, eventualmente, hacia estructuras vinculadas al PSOE.
La causa, todavía bajo secreto, trata de determinar si los fondos procedentes de operaciones petroleras venezolanas llegaron a España mediante una red de sociedades interpuestas y si parte de ese dinero terminó beneficiando al entorno político socialista. Mientras tanto, la imputación de Zapatero ha ampliado el foco del caso más allá de Plus Ultra y ha situado en el centro de las pesquisas el negocio internacional del petróleo venezolano.
