La evolución judicial del denominado «caso mascarillas» ha intensificado el debate político sobre una posible financiación irregular del PSOE, después de las declaraciones prestadas en el Tribunal Supremo por el empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García. Las comparecencias han reactivado las críticas de la oposición y han situado nuevamente bajo escrutinio la gestión interna de la sede socialista de Ferraz.
Según una encuesta publicada por Vozpópuli,el 56,6% de los españoles considera que el PSOE se financió ilegalmente a raíz de las revelaciones conocidas durante el procedimiento judicial. Sólo un 31,6% sostiene que las cuentas del partido son transparentes, mientras que un 11,8% afirma no tener una opinión definida o no responde.
Las sospechas sobre una eventual financiación opaca cobraron fuerza tras la declaración de Aldama ante el Supremo. El empresario aseguró haber entregado alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE entre 2019 y 2020, una afirmación que vinculó a un supuesto incremento de donaciones reflejado en las cuentas del partido durante ese periodo. Asimismo, sostuvo que trasladó 250.000 euros en efectivo al Ministerio de Transportes y que parte de esos fondos tenían como destino la financiación de la formación socialista.
Durante su comparecencia, Koldo García reconoció igualmente haber recibido «chistorras», término con el que se habría referido a billetes de 500 euros. La expresión ya había aparecido en informes previos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a la causa. El exasesor justificó esos ingresos como parte de una estrategia para explicar el aumento de su patrimonio durante los años investigados.
