Una inmigrante ilegal guineana de 32 años ha sido detenida en Lanzarote tras ser identificada como presunta responsable de la desaparición de trece menores tuteladas en un centro de protección. Según publica El Español, la investigación, coordinada por unidades especializadas en redes de inmigración ilegal, sitúa el origen del caso en un error de clasificación inicial durante la llegada de una embarcación irregular a la isla, donde la detenida fue considerada «menor evidente» sin someterse a pruebas médicas de determinación de edad, debido a su estatura, por debajo de los 150 cm.
Según fuentes policiales, la mujer accedió al sistema de tutela como una menor más y convivió durante meses con otras menores inmigrantes en un recurso residencial abierto. En ese contexto, habría desarrollado una posición de influencia sobre el grupo, facilitando salidas progresivas del centro que no despertaron sospechas inmediatas. Las ausencias se produjeron de forma escalonada, sin episodios de violencia ni fugas colectivas, lo que dificultó la activación temprana de los protocolos de búsqueda.
El análisis posterior de su teléfono móvil reveló comunicaciones operativas con contactos en distintos países, así como la existencia de una estructura organizada. En uno de los mensajes intervenidos, la detenida afirmaba: «Ya he vaciado el centro de niñas«, expresión que los investigadores interpretan como indicio de coordinación sistemática. Para ese momento, trece menores ya no se encontraban en el dispositivo de protección y su paradero era desconocido.
Las pesquisas apuntan a un patrón logístico que incluía traslados desde Lanzarote a Madrid mediante documentación falsificada, seguida de desplazamientos hacia otros países europeos, principalmente Francia. En estos movimientos intervenían distintos colaboradores encargados de la recepción, acompañamiento y retirada de documentos. Las hipótesis policiales contemplan posibles fines de explotación laboral, matrimonios forzosos o prostitución, sin que hasta la fecha se haya confirmado el destino concreto de las menores.
Especialistas en medicina legal consultados subrayan que, de haberse aplicado pruebas estándar —como estudios óseos y dentales—, la edad adulta de la detenida habría sido detectada con alta probabilidad. No obstante, sitúan el foco en la fase inicial de identificación, donde la categoría operativa de «menor evidente» permite decisiones rápidas en contextos de presión asistencial, pero reduce controles inmediatos.
El sistema de acogida en Canarias opera desde hace años por encima de su capacidad estructural. En 2025, la cifra de menas superó ampliamente las plazas disponibles, lo que ha generado una red de centros de pequeño tamaño y recursos limitados. En este marco, las salidas no autorizadas no son infrecuentes y pueden tardar horas en detectarse formalmente.
La detención se produjo cuando tres menores intentaban embarcar en un vuelo. La intervención policial permitió identificar a la mujer como adulta y desarticular parcialmente la red. Sin embargo, la investigación continúa abierta a nivel internacional y las trece menores siguen desaparecidas, sin contacto registrado con autoridades ni centros de origen.
La evolución del procedimiento dependerá del análisis de los dispositivos intervenidos y de la cooperación policial internacional.
