En una reciente operación se ha detenido a nueve individuos (seis en España y tres en Marruecos) vinculados con actividades terroristas, en una acción que ha puesto de relieve los riesgos asociados a las rutas de inmigración ilegal para la seguridad nacional. Esta operación ha desvelado detalles inquietantes sobre cómo algunos terroristas utilizan estas rutas no sólo para entrar clandestinamente en el país sino también para financiar las actividades extremistas.
Fuentes policiales consultadas por LA GACETA han confirmado que dos de los detenidos emplearon narcolanchas para ingresar ilegalmente en España, lo que subraya una «preocupante confluencia entre la inmigración ilegal y el financiamiento de actividades terroristas». Los arrestados son de origen magrebí, y entre ellos se encuentran algunos que han adquirido la nacionalidad española, «lo que añade una capa adicional de complejidad a la lucha contra el terrorismo dentro de las fronteras españolas».
La operación no se limitó a España. En Marruecos, específicamente en la localidad de Castillejos, se llevó a cabo el arresto de tres individuos.
La investigación que condujo a estas detenciones comenzó a mediados de 2023, cuando se detectó un grupo de individuos radicalizados que utilizaban las redes sociales para difundir y consumir contenido proyihadista. Este material, a menudo de gran violencia y crudeza, estaba claramente vinculado a la organización terrorista DAESH. Los miembros del grupo no sólo se autoadoctrinaban mediante este contenido, sino que también intentaban adoctrinar a otros, lo que representaba una amenaza directa a la seguridad pública.
A través de una meticulosa monitorización de sus actividades en línea y movimientos físicos, los agentes de la Policía Nacional observaron cómo este grupo no sólo consumía propaganda extremista, sino que también expresaba abiertamente su intención de desplazarse a zonas de conflicto en África, donde podrían unirse a facciones de organizaciones terroristas. Las amenazas directas contra la población occidental y la comunidad judía, junto con la incitación a la violencia, fueron elementos clave que impulsaron la aceleración de la investigación.
La colaboración con la DGST de Marruecos fue fundamental para el éxito de esta operación, permitiendo no sólo el arresto de los sospechosos sino también la interrupción de una red que operaba en el eje Ceuta-Castillejos. Esta cooperación transnacional, apoyada por la Agencia Europol, ha sido esencial para desmantelar estructuras que podrían haber continuado operando bajo el radar de las fuerzas de seguridad.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial el día después de su arresto, y el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional dictó prisión incondicional para los seis. Esta medida refleja la gravedad con la que se está abordando el caso, considerando el potencial peligro que representaban estos individuos para la seguridad nacional.
La operación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional con el respaldo de varias brigadas de información a lo largo de España, incluyendo Ceuta, Segovia, Málaga, Madrid, Ibiza y Algeciras, sigue en curso. Las fuentes policiales han indicado que no se descartan nuevas detenciones, lo que sugiere que la red podría tener más ramificaciones de las inicialmente conocidas.
Este caso los agentes consultados por este medio ponen bajo el foco la necesidad de «una vigilancia constante sobre las rutas de inmigración ilegal» como «una vía potencial para el terrorismo y el crimen organizado». La seguridad de las naciones involucradas ha sido reforzada gracias a esta operación, pero también se ha abierto un nuevo capítulo en la lucha global contra el terrorismo islamista, donde la inmigración ilegal aparece ahora como un vector de riesgo adicional.
