La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado este jueves sobre un supuesto fraude arancelario en las importaciones de productos hortofrutícolas de Marruecos. Según sus cálculos, los importadores marroquíes habrían dejado de pagar tasas arancelarias por al menos 14 millones de euros anuales desde 2019, una situación que afecta gravemente a los agricultores europeos, especialmente a los españoles y franceses.
Durante una jornada virtual organizada por COAG, en la que participaron representantes del Frente Polisario, ONG vinculadas al conflicto del Sahara Occidental y la organización agraria francesa Confédération Paysanne, se analizaron las implicaciones de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, explicó que el pacto permite importar 285.000 toneladas de tomate marroquí sin arancel entre octubre y abril, siempre que el precio de entrada supere los 46 euros por cada 100 kilos. Sin embargo, Marruecos estaría enviando 500.000 toneladas anuales, lo que implica que unas 230.000 toneladas deberían estar sujetas al pago de tasas, algo que, según COAG, no se está cumpliendo.
Este incumplimiento, señaló Góngora, permite que el tomate marroquí se comercialice a precios más bajos en el mercado europeo, afectando directamente a los productores españoles y franceses. Un ejemplo claro de esta competencia desleal, añadió, puede observarse en los bajos precios registrados en mercados como el de Perpiñán (Francia).
Además del tomate, el presunto fraude podría extenderse a otras frutas y hortalizas procedentes de Marruecos, así como a productos que no certifican su origen en el Sahara Occidental. COAG ha comenzado a estudiar posibles acciones legales, incluyendo la presentación de denuncias ante el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas de la UE, para exigir el pago de los aranceles adeudados.
Otra vía contemplada por COAG sería acudir a la Comisión Europea, solicitando que se investigue la «venta a pérdidas» de estos productos, que socava la competitividad de los agricultores europeos. La organización también considera trabajar de la mano de entidades internacionales como Via Campesina, Confédération Paysanne e incluso el Frente Polisario, debido a las irregularidades relacionadas con los productos del Sahara.
En este contexto, el abogado del Frente Polisario, Manuel Devers, recordó que el Tribunal de Justicia de la UE anuló el acuerdo comercial y agrícola con Marruecos por no respetar los intereses saharauis, dictaminando que los productos del Sahara Occidental deben incluir certificados específicos que mencionen su origen. Aunque la sentencia permitió la continuidad temporal del pacto durante 12 meses, Devers criticó la inacción de la Comisión Europea ante este «fraude masivo», instando a los ciudadanos y supermercados a denunciar los incumplimientos.
Para COAG, esta situación no solo supone un perjuicio económico para los agricultores europeos, sino que también revela la falta de controles efectivos en las importaciones. «Es imprescindible que la UE actúe con contundencia para garantizar un comercio justo y sostenible», concluyeron los organizadores de la jornada.