El intervencionismo del Gobierno vuelve a situarse en el centro de la polémica. El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha presentado un borrador para regular qué animales pueden considerarse mascotas en España que ha sido calificado de «disparate» por asociaciones especializadas, según informa ABC.
La propuesta, que desarrolla la ley de bienestar animal aprobada en 2023, establece un «listado positivo» de especies permitidas en los hogares. Sin embargo, su redacción ha generado una fuerte contestación por las contradicciones que introduce.
Entre las más llamativas, una: el texto podría facilitar que un ciudadano tenga un toro de lidia como animal de compañía, mientras que aves comunes como el periquito podrían quedar fuera del listado.
Así lo denuncia la Federación Fauna, que advierte de «importantes incongruencias» en el borrador. Según su análisis, el periquito podría no cumplir los requisitos exigidos no por ser peligroso, sino por aparecer en listados burocráticos diseñados para controlar importaciones, una interpretación que deja en el limbo a miles de propietarios.
En paralelo, la normativa vigente permite que animales de producción —como el ganado— pasen a considerarse de compañía si pierden su función productiva, lo que abre la puerta a situaciones que los expertos califican de absurdas.
«¿No puedo tener un mamífero de más de cinco kilos pero sí un toro de 400?», cuestionan desde el sector, poniendo en evidencia la falta de coherencia del texto.
El borrador introduce además restricciones adicionales: límites de peso, prohibición de especies que se alimenten de otros vertebrados o inclusión de criterios amplios sobre comportamiento y necesidades biológicas que, según los críticos, carecen de base técnica sólida.
Otro de los puntos más controvertidos es el uso indiscriminado del concepto de «animal silvestre». La norma no distingue entre especies capturadas en la naturaleza y aquellas criados en cautividad desde hace décadas, como ocurre con muchas aves domésticas.
El resultado es un marco regulatorio que, lejos de aportar claridad, podría generar inseguridad jurídica y obligar a miles de ciudadanos a pedir autorizaciones para mantener mascotas habituales o incluso a quedar fuera de la legalidad.
