Un jubilado de 71 años llamado Carmelo lleva cinco años intentando recuperar la vivienda que alquiló para complementar su pensión. Esta propiedad, que desde entonces ha sido ocupada por dos mujeres que le deben más de 60.000 euros, sigue fuera de su alcance debido a la aplicación del polémico decreto antidesahucios. Esta medida, inicialmente aprobada durante la crisis del coronavirus, ha sido prorrogada por el Gobierno hasta 2025, lo que ha frustrado reiteradamente los intentos de desalojo por supuesta vulnerabilidad de los ocupantes.
Desesperado por la situación, Carmelo decidió el pasado 16 de septiembre dirigirse directamente al presidente Pedro Sánchez, según ha adelantado el diario Libre Mercado. En su carta, le relató no solo su situación económica, sino también las consecuencias físicas y psicológicas que ha sufrido. Desde que comenzaron los problemas con sus inquilinas, el pensionista ha perdido peso y necesita pastillas para poder dormir. «No consigo quitarme esta situación de la cabeza, me genera un nudo en el estómago que me impide comer adecuadamente», confesó.
Aunque no esperaba recibir respuesta, lo que no imaginaba era el tono de la contestación que finalmente llegó. «Es una burla», dice indignado Carmelo, mostrando el correo electrónico enviado por el Gabinete de Presidencia. En lugar de ofrecer una solución o abordar la cuestión del decreto, el presidente optó por culpar a las administraciones locales y autonómicas, afirmando que el Gobierno central “ha hecho lo correcto”.
En su misiva a Sánchez, Carmelo detallaba el calvario que vive tras alquilar su vivienda a estas dos mujeres, quienes presentaron nóminas y avalistas al firmar el contrato. «El contrato de arrendamiento no me obliga a ser el escudo social de esta familia», insistió en su carta, añadiendo que se siente desamparado y cuestionando si el presidente privaría a un pensionista del ingreso de su plan de pensiones para atender necesidades de interés social. «En mi caso, me están privando de ese ingreso, ya que ese piso lo alquilé para complementar mi pensión«, explicó Carmelo, quien además tiene que asumir gastos de 350 euros mensuales, cubriendo no solo la comunidad, seguros e impuestos, sino también el agua y el gas que consumen las inquilinas. «Solo me falta llevarles la compra todas las semanas», ironiza.
El mensaje de Carmelo fue claro: tras años de esfuerzo y sacrificio, su propiedad está siendo disfrutada por personas jóvenes en edad laboral, sin que le una a ellas ninguna obligación. En su carta, pedía al presidente que eliminara el decreto antidesahucios, argumentando que recurría a él como «última esperanza».
La respuesta de Presidencia, sin embargo, fue decepcionante. «Somos conscientes del problema que plantean algunos inquilinos/as que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Estos casos deben pasar por los tribunales, como ya ha hecho usted, lo que hace que la resolución sea más lenta», decía el correo, ignorando completamente la solicitud de eliminar la norma que afecta a miles de propietarios.
