La comarca turolense del Matarraña ha logrado frenar, al menos por ahora, el avance de la llamada transición ecológica impuesta desde los despachos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha desestimado oficialmente el macroproyecto eólico impulsado por Capital Energy —a través de su filial Green Capital Development— que desde 2020 amenazaba con alterar de forma irreversible buena parte del Bajo Aragón histórico.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado, el departamento que dirige Teresa Ribera declara «ambientalmente inviable» la instalación de los parques Céfiro, Arlo y Paucali, previstos en zonas rurales de gran valor ecológico y cultural. La resolución afecta directamente a siete municipios del Matarraña —Fórnoles, Ráfales, La Portellada, La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón— y también a Valdealgorfa y Maella, localidades que habían alzado la voz contra una infraestructura invasiva, ajena al terreno y contraria al desarrollo sostenible que estas comunidades defienden.
«Estamos súper contentos», resume Juanjo Pérez, presidente de la Asociación Gent del Matarranya, tras conocer el dictamen. «Llevábamos cinco años con esto encima de la mesa… y nos temíamos lo peor«, reconoce. Esta vez, sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a tener en cuenta las numerosas alegaciones técnicas y sociales presentadas por los vecinos y expertos locales, que advertían del desastre ambiental y económico que este proyecto habría supuesto.
La resolución oficial reconoce ahora que los parques habrían causado afecciones graves a especies protegidas como el águila perdicera, el alimoche o el milano real. A ello se suma la fragmentación del paisaje, la destrucción de hábitats y el sobrevuelo de zonas incluidas en la Red Natura 2000, con especial impacto sobre los murciélagos y otras especies en peligro.
Pero más allá del impacto ecológico, el modelo económico del Matarraña, basado en el turismo rural, la calidad paisajística y el equilibrio demográfico, estaba en juego. «Habría sido devastador», explica Pérez, quien también celebra la respuesta social organizada frente a un proyecto que, como tantos otros, se vendía como «verde» mientras desmantelaba el tejido social y económico de las zonas afectadas.
A diferencia de otros territorios donde estos macroparques han sembrado división, aquí la unidad ha sido la clave. «La gente ha apostado por proteger lo suyo, informándose y movilizándose desde el principio. Eso ha evitado la erosión social que estas iniciativas suelen traer«, ha valorado el portavoz vecinal. Campañas de información, charlas con expertos universitarios y una estrategia clara de denuncia pública han resultado decisivas para lograr el revés a Capital Energy.
Sin embargo, el caso deja también una sombra de sospecha sobre el verdadero criterio del Gobierno. Pérez apunta a una contradicción que inquieta a los vecinos: ¿por qué este proyecto ha sido desestimado mientras otros, con afecciones similares —como los promovidos por Forestalia— han recibido el visto bueno del Ministerio? «Es un interrogante que queda sin resolver», señala, abriendo la puerta a la posibilidad de decisiones políticas arbitrarias bajo el paraguas de una transición energética acelerada y desequilibrada.
Una vez más, se evidencia que los grandes planes de transformación verde, vendidos como inevitables y beneficiosos «para todos», chocan con la realidad concreta de quienes viven, cuidan y trabajan en el territorio. El caso del Matarraña demuestra que es posible plantar cara a esta agenda apresurada y que, pese a la presión del Ministerio y de los lobbies energéticos, aún queda margen para defender el campo frente a la colonización eólica.
