El juez Santiago Pedraz ha impuesto una fianza de 300.000 euros al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar, de 150.000 a su hijo Gorka, y de 300.000 al vicepresidente de la Federación Juan Antonio Padrón para poder salir de prisión, donde ingresaron el 20 de julio.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto al considerar que no hay fundado riesgo de fuga de ninguno de los tres al haberse practicado ya las diligencias consideradas urgentes en esta causa, abierta a raíz de la detención de todos ellos en la operación Soule.
Una vez hayan abonado la fianza y queden en libertad, Villar, su hijo y Padrón tendrán la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a su domicilio, deberán entregar el pasaporte, y facilitar además un teléfono móvil donde puedan estar localizados si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.
Pedraz considera que si bien de lo investigado se desprende que siguen «existiendo motivos para estimar responsables criminalmente», de los delitos imputados a los tres «resulta oportuno modificar la situación personal».
Todo ello teniendo en cuenta que ya «difícilmente podrían obstaculizar la instrucción», «dadas las diligencias practicadas (volcados y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, declaraciones testificales y de investigados) junto a las medidas cautelares decretadas respecto a los citados investigados (embargos, bloqueos de cuentas)»
El peligro de fuga se desvanece también, según el auto, al imponerles junto al pago de las fianzas las citadas medidas cautelares de control.
En esta misma resolución, Pedraz decide levantar el secreto de las actuaciones y permite la personación en la causa de once investigados que aún no han sido llamados a declarar para garantizar su derecho de defensa, así como de 21 sociedades como personas jurídicas, entre ellas Grupo Santa Mónica Sport, Estudio 2000 y Tenerife Sport.
En el auto de prisión, el juez cuantifica en 51,7 millones de euros el perjuicio al patrimonio de la RFEF, la resolución de los contratos entre este organismo y el Grupo Santa Mónica (GSM).
A raíz de este escándalo, Villar fue suspendido cautelarmente el pasado día 25 por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por un año, y dos días después él mismo presentó desde prisión su dimisión como vicepresidente de la UEFA y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA.
Pedraz decretó la prisión de Villar, su hijo y Padrón a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante la gravedad de los delitos que se les atribuyen: administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.
Según el auto de prisión, Villar, presidente de la federación desde hace 29 años, creó una red corrupta, que englobaba a las federaciones territoriales y a organismos vinculados a ellas, «con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros», de manera que también se garantizaba la mayoría necesaria para ser reelegido.
En cuanto al hijo de Villar, Pedraz afirmaba que resultó, a través de su empresa Sports Advisers, el «mayor beneficiado a través de su padre» del dinero de la RFEF.
A todos estos amaños, el juez incluía, entre otros, la organización de una decena de partidos amistosos de la selección de los que su hijo se habría beneficiado.
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