La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la llegada masiva y «sin control» de menores extranjeros no acompañados (menas) se ha convertido en un fenómeno que ha saturado los 16 centros de acogida de la provincia, los cuales están «sobreocupados» y se enfrentan a «graves dificultades» para ofrecer tanto espacio como personal suficiente para los programas socioeducativos destinados a la integración de estos jóvenes. Además, tal y como ha adelantado el diario El Correo, ha advertido de que la estructura foral «ha alcanzado su límite».
Este llamamiento de la diputada general fue lanzado desde la Casa de Juntas de Guernica, pero dirigido al Gobierno central en Madrid. Etxanobe argumentó que la solución no radica en la apertura de más recursos en Vizcaya, sino en la elaboración de un protocolo nacional para el reparto equitativo de menas entre las comunidades autónomas. En el contexto de la crisis migratoria en Canarias y la frontera sur, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido dificultades para avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, cuyo primer intento fracasó en el Congreso en julio.
Los últimos datos oficiales, de principios de verano, indicaban que Vizcaya tutelaba a 534 menores no acompañados, aunque se sospecha que la cifra es mayor. Los centros forales solo pueden ofrecer alrededor de 300 plazas, incluso después de la apertura del polémico palacete de Sopuerta en marzo. Ante esta situación, Etxanobe lamentó que algunas comunidades autónomas no están asumiendo la cuota de menas que les corresponde, una crítica que ya había sido mencionada anteriormente por el presidente de la comunidad autónoma. «Esta crisis humanitaria necesita un plan de contingencia, y no es aceptable que algunos eludan sus responsabilidades», expresó la diputada general.
Sin embargo, sus comentarios dirigidos al Gobierno central no fueron bien recibidos por el Partido Socialista de Euskadi (PSE), socio de coalición del PNV en la Diputación. Goyo Zurro, portavoz del PSE en las Juntas Generales, respondió afirmando que más allá de la colaboración entre administraciones, es fundamental que exista «solidaridad entre las instituciones con más recursos».
