El Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones ha vuelto a presumir a través de las redes sociales de que el 60% de los jóvenes extutelados y menores no acompañados en situación legal para trabajar están en alta en la Seguridad Social, lo que significa que el 40% restante sale del país o, lo que ocurre en la gran mayoría de casos, está en situación de exclusión social.
«Es un dato absolutamente contundente», sentenció en el pasado la ministra Saiz durante su participación en el Foro Next Educación, donde criticó los «mensajes xenófobos que además son absolutamente bulos y que alimentan la desinformación».
Para la ministra, la política migratoria del Gobierno «es una política eficaz, ambiciosa, que pivota en el centro de los derechos humanos y que también lleva la acción de diferentes ministerios». No obstante, Saiz reconoció que, evidentemente, «hay mucho trabajo» en los países de origen, además de un «importante trabajo de seguridad» en todo lo relacionado con combatir las mafias y la explotación de las personas inmigrantes.
Cada año, en España, alrededor de 4.000 jóvenes tutelados alcanzan la mayoría de edad y entran en sistemas de protección, según datos de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). Actualmente, se estima que entre 25.000 y 30.000 jóvenes extutelados, conocidos como exmenas (menores extranjeros no acompañados), residen en el país. Sin embargo, un 40% de estos jóvenes no logra acceder al mercado laboral.
Las organizaciones como la FEPA consideran fundamental el cumplimiento y mejora de los programas de acompañamiento a la emancipación para reducir esta cifra. Estos programas, diseñados por cada comunidad autónoma, ofrecen diversas formas de apoyo, como ayudas económicas a través del ingreso mínimo vital, formación profesional, viviendas asistidas y seguimiento por profesionales especializados. En la mayoría de los casos, el acompañamiento se extiende hasta los 23 años, momento en el que se espera que los jóvenes puedan ser autónomos e integrarse plenamente en la sociedad.
Sin embargo, la realidad es dispar entre las comunidades. Algunas regiones han implementado programas integrales que proporcionan un apoyo sólido durante esta transición. Otras comunidades, en cambio, tienen medidas en el papel pero carecen de un verdadero acompañamiento, dejando a muchos jóvenes sin el apoyo necesario en un momento crucial de sus vidas.
Una de las principales críticas es que no existe una ley que obligue a las comunidades autónomas a desarrollar políticas de emancipación adecuadas. «Hay un gran margen de mejora, ya que en algunos casos estas políticas son prácticamente inexistentes», explica Salvia, una portavoz de la FEPA. Esta falta de uniformidad en los programas genera tensión entre las comunidades, especialmente en aquellas con los mejores planes, ya que terminan recibiendo un mayor número de menas, atraídos por las mejores oportunidades que se les ofrecen.
