VOX ha presentado una querella este jueves ante el Tribunal Supremo contra la presidenta de Navarra, María Chivite, el ex secretario de Organización y exdiputado del PSOE Santos Cerdán y contra el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La denuncia, que pone el foco en presuntas irregularidades cometidas en diversas licitaciones públicas dentro de la comunidad foral, se enmarca en la conocida como ‘trama Koldo’, cuya investigación sigue salpicando a distintos niveles de la administración.
Según el escrito judicial registrado por la formación que lidera Santiago Abascal, los querellados estarían implicados en una red de adjudicaciones amañadas que habría beneficiado a determinadas empresas mediante el inflado artificial de precios en contratos de obras públicas. La acusación también se extiende a otros responsables técnicos y administrativos: entre ellos, Fernando Agustín Merino, exresponsable del área navarra de Acciona; Pedro López Vera, actual director general de Obras Públicas; Jesús Polo Soria, presidente de la Mesa de Contratación; y varios funcionarios aún no identificados, que habrían intervenido en los expedientes objeto de la querella.
El documento entregado en el Supremo destaca tres contratos públicos como piezas clave del supuesto entramado: las obras de adecuación del Pabellón Navarra Arena (lotes 4 y 5) en Pamplona, la concesión administrativa vinculada a la mina Muga en Sangüesa, y el proyecto de demolición y remodelación de la Plaza de los Fueros en la localidad de Milagro. En estos casos, VOX sostiene que las cuantías fueron deliberadamente incrementadas para facilitar el cobro de comisiones por parte de los implicados.
A juicio de la formación denunciante, Chivite tendría una responsabilidad directa en tanto que máxima autoridad del Ejecutivo navarro y responsable orgánica última de los procesos de adjudicación. Cerdán, por su parte, es señalado como mediador entre empresarios y dirigentes públicos, mientras que de Koldo García se subraya su papel como supuesto facilitador de contactos y cobros a cambio de adjudicaciones, todo ello respaldado —según VOX— por grabaciones recogidas por la Guardia Civil.
En la querella también se solicita que se cite a declarar como testigos a Antxon Alonso, presidente de la empresa pública Servinabar, y a Lorenzo Serena Puig, vocal secretario de la mesa de contratación que participó en la adjudicación de las obras del túnel de Belate. Además, VOX pide al juez instructor que se requiera al Gobierno foral toda la documentación relativa a los contratos investigados y que se ordene a la Guardia Civil la identificación de los funcionarios que tomaron parte en los mismos, incluyendo sus nombres y funciones.
La formación exige, además, una investigación patrimonial sobre los querellados y sus familiares directos, así como sobre su posible implicación en sociedades mercantiles. Consideran esencial determinar si se ha producido enriquecimiento ilícito a través de estas contrataciones presuntamente manipuladas.
En el caso de Koldo García, VOX lo define como «el vínculo clave entre Ábalos, los empresarios del sector de la construcción y los gestores públicos implicados». Aseguran que su papel fue determinante para garantizar el reparto de adjudicaciones a cambio de pagos mensuales, según se desprendería de conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO).
VOX ha pedido al alto tribunal que a Chivite se le ofrezca la posibilidad de declarar voluntariamente, al tiempo que solicita que se abra una investigación formal contra todos los mencionados. La causa, de prosperar, podría suponer un nuevo capítulo judicial en la creciente polémica por la gestión de contratos públicos en varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
