«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Las violaciones aumentaron un 291% desde el año 2017

VOX exige la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad de Barcelona ante la oleada de inseguridad: «Es una ciudad sin ley y sin rumbo»

Gonzalo de Oro (VOX). Flickr

El presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha denunciado la situación de «extrema gravedad» que atraviesa la ciudad. Ante lo que califica como un «fracaso absoluto» del modelo de seguridad del alcalde Collboni, la formación ha solicitado la convocatoria inmediata y extraordinaria de la Junta Local de Seguridad.

De Oro ha sido tajante al contraponer la realidad de las calles con las estadísticas ofrecidas por el consistorio. Basándose en datos oficiales del Ministerio del Interior, el líder de VOX ha alertado sobre un aumento de la criminalidad desde 2017.

Las violaciones aumentaron un 291%; los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa un 125%; el tráfico de drogas casi un 390%; los robos con violencia e intimidación casi un 23%, etc.

«La realidad está superando a los datos maquillados que nos presenta constantemente el Ayuntamiento«, ha afirmado De Oro, señalando que Barcelona se ha convertido en una «ciudad sin ley y sin rumbo», donde los hurtos están siendo desplazados por robos con violencia, tiroteos y apuñalamientos.

El presidente del grupo municipal ha exigido la dimisión inmediata de Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad, por su «incompetencia total».

De Oro ha lamentado que la Guardia Urbana trabaje en condiciones de «estrés continuo«, sin el apoyo político necesario y con una falta evidente de recursos. «Le pedimos al alcalde menos fotitos, menos estadísticas maquilladas y más mano dura. Barcelona necesita orden y policías con galones que puedan ejercer su profesión con libertad».

Durante su intervención, De Oro ha vinculado directamente el aumento de la delincuencia con la inmigración ilegal, señalando que, según datos de la Guardia Urbana, el 80% de los delitos son cometidos por extranjeros, que representan sólo el 15% de la población.

Asimismo, ha denunciado el «efecto llamada» provocado por las campañas de «regularización». «No podemos normalizar niveles de inseguridad propios de ciudades de Sudamérica«, ha concluido.

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