El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (VOX), ha anunciado la reforma de la Ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) para impedir que los inmigrantes en situación ilegal puedan acceder a esta ayuda económica.
Nolasco ha explicado que el Ejecutivo aragonés también va a «endurecer el acceso a la prestación aragonesa atendiendo a la prioridad nacional» y exigirá que quienes la soliciten acrediten «un arraigo real, duradero y verificable», vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a una trayectoria de cotización a la Seguridad Social.
El vicepresidente de VOX ha defendido que el Gobierno de Aragón no va a conceder «ni una paguita pública para la inmigración ilegal y desordenada» y ha afirmado que «el ilegales inmigrante que no pueda ganarse la vida en España no puede estar en España a base de pagas que salen del bolsillo de los españoles y que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia».
Para Nolasco, el objetivo de la reforma es «poner orden, sentido común, legalidad y prioridad nacional» y garantizar que las prestaciones sociales «atiendan la prioridad nacional y que no favorezcan la inmigración ilegal ni la desordenada que compromete a nuestro Estado del Bienestar y a nuestro marco social de convivencia».
