El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) de VOX sobre inmigración ilegal. Entre otros contenidos plantea «reprobar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los considera «responsables de los ataques contra la libertad y la seguridad de los vecinos o ciudadanos» por «la reubicación de los inmigrantes ilegales».
La iniciativa consta de 19 puntos con exigencias hacia la Administración autonómica y también hacia el Estado. VOX reclama a la Junta de Andalucía «acabar con las políticas de efecto llamada» que han propiciado que «miles de personas se jueguen la vida y perderla trágicamente».
Pide a la Administración autonómica «eliminar las subvenciones» a las asociaciones y organizaciones que «promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas». También «suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios».
Pide «suspender la cooperación al desarrollo» con los países que tengan «paralizadas» las negociaciones con la Unión Europea para la readmisión de inmigrantes. Y reclama de la Junta «todos los medios» para «no habilitar ninguna partida presupuestaria» dedicada a «la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región».
VOX quiere que la Junta reclame al Estado «tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país». También que «cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación». Además exige que quien entre delinquiendo al país no reciba ningún tipo de ayuda pública.
Plantea a la Junta que recabe, a su vez, del Estado «la lista de países seguros», conforme a una Directiva comunitaria. Serían aquellos donde «no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado».
Reclama al Gobierno andaluz que requiera seguidamente a la Administración del Estado «impulsar reformas legales». Con la idea de que «ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo». Además de apostar por «endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal».
La iniciativa demanda a la Junta para que logre del Gobierno «la correcta transposición de la directiva de retorno en España». Demandan aspectos como el internamiento de extranjeros en centros que «tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno».
