El Ayuntamiento de Pamplona, en manos de EH Bildu, ha decidido prohibir a VOX la colocación de una carpa informativa prevista para el próximo 29 de noviembre, una decisión que el partido de Santiago Abascal atribuye a «motivaciones políticas» y que ya ha anunciado que llevará a los tribunales.
La formación considera que el veto se ampara en un informe de la Policía Municipal utilizado como pretexto para impedir su presencia en la vía pública. En ese documento se advierte de que actos similares han terminado en enfrentamientos y alteraciones del orden, llegando en algunos casos a episodios graves de disturbios. El consistorio sostiene que estos antecedentes desaconsejan autorizar el evento.
Sin embargo, VOX rechaza de plano este argumento y denuncia que se les coloca al mismo nivel que los grupos radicales que, en anteriores ocasiones, han atacado sus mesas informativas. «Nos hacen responsables de la violencia que sufrimos», ha denunciado el presidente de VOX Navarra, José María García Elorz, quien afirma que se les equipara a quienes lanzan objetos, provocan incendios y generan el caos en la calle.
El partido también cuestiona el segundo razonamiento incluido en el informe policial, que alude a la festividad de San Saturnino, patrón de la ciudad, que se celebra precisamente el 29 de noviembre. Según el Ayuntamiento, ese día los efectivos de la Policía Municipal estarán volcados en los actos organizados por el propio consistorio, lo que impediría cubrir el dispositivo de seguridad de la carpa.
Desde VOX califican esta explicación de excusa sin base, recordando que la cobertura de seguridad de sus mesas ha recaído históricamente en la Policía Foral o en la Policía Nacional, y no en la Policía Municipal. Además, subrayan que la solicitud fue registrada el pasado 10 de noviembre dentro de los plazos establecidos y que la carpa iba a instalarse en la Plaza Félix Huarte, en el barrio de Iturrama.
En paralelo, el partido ha confirmado que interpondrá una denuncia contra el concejal de Seguridad, Endika Alonso, y contra el comisario que firma el informe. Entienden que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, además de una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de participación política.
La prohibición llega, además, tras una sucesión de episodios de violencia en distintos puntos de Navarra contra actos similares del partido. En febrero, una carpa en el barrio de la Rochapea fue asediada durante horas por un grupo de abertzales encapuchados con insultos, amenazas y destrozos, lo que obligó a intervenir a la Policía Nacional.
Al día siguiente, la situación se repitió en Berriozar, donde radicales convocados por organizaciones como GKS y Sortu lanzaron botellas, huevos y profirieron amenazas de muerte, obligando a la Policía Foral a actuar con material antidisturbios. Los incidentes se extendieron por varias calles, con contenedores volcados y objetos arrojados desde balcones.
Un mes después, en marzo, una nueva mesa en Beriáin volvió a ser atacada con lanzamientos de objetos y amenazas tanto a militantes como a agentes. Aquella cadena de altercados terminó con la detención de dos adultos y la imputación de un menor por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, coacciones, amenazas y delito de odio.
