VOX ha logrado que el Gobierno de Murcia, presidido por Fernando López Miras (PP), dé marcha atrás en su plan de habilitar viviendas para acoger a menores extranjeros no acompañados (menas). La presión ejercida tanto desde la dirección nacional del partido como desde su rama regional ha forzado la retirada de la medida, que había sido impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.
El anuncio del giro en la política autonómica lo ha realizado este martes la consejera del área, Conchita Ruiz Caballero, a través de una publicación en la red social X, donde ha confirmado la anulación de la disposición que autorizaba la adquisición de inmuebles destinados a estos menores tutelados. La orden había generado fricciones internas en el Ejecutivo regional, especialmente tras el acuerdo presupuestario alcanzado semanas atrás entre el PP y VOX.
El detonante del cambio ha sido el ultimátum lanzado por el presidente de VOX, Santiago Abascal, quien ha advertido públicamente que “Murcia no tendrá presupuestos” en 2025 si la orden no era anulada de inmediato. A esas declaraciones se ha sumado el líder autonómico del partido, José Ángel Antelo, que ha sido más explícito aún: “Si el PP no cumple, votaremos que no”, en referencia al apoyo parlamentario necesario para sacar adelante las próximas cuentas regionales.
La rectificación del Gobierno murciano supone una victoria política para VOX, que ha convertido la retirada de fondos públicos destinados a la acogida de menas en una de sus principales banderas. La formación insiste en que cualquier política sobre inmigración debe ser “controlada, ordenada y al servicio de los españoles”, y considera que el plan de compra de viviendas iba en sentido contrario a ese objetivo.
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico evita una crisis mayor con su socio parlamentario, aunque pone en entredicho la viabilidad del programa “ModernizAcción”, financiado en parte con fondos europeos y destinado a transformar el modelo de acogida de menas en entornos más próximos a un hogar familiar. La retirada de la orden deja en el aire los planes de reconversión que la Consejería había anunciado y que ahora quedan congelados por la tensión política.
