VOX someterá este jueves a votación en el Pleno del Congreso una iniciativa con la que busca la derogación de la Ley de Memoria Democrática y de todas las medidas adoptadas bajo su paraguas. Se trata de un texto alternativo a la reforma de la Ley reguladora del derecho de asociación auspiciada por el PSOE para poder disolver asociaciones que ensalcen el franquismo.
Como los de Santiago Abascal se oponen a esa reforma han presentado una enmienda de totalidad a la misma y también su propia propuesta para sustituir a la proposición de ley del PSOE que el Pleno ya aceptó tramitar hace unas semanas. La previsión es que el texto de VOX sea rechazado y la iniciativa socialista continúe su recorrido parlamentario.
En el texto, además de la derogación entera de la norma que entró en vigor en octubre de 2022, desgranan las medidas que se han ido adoptando en virtud de la misma para pedir expresamente que sean revertidas.
Reparar a quien haya sido multado
Así, plantean suprimir la figura del fiscal de sala en materia de Derechos Humanos y memoria democrática, extinguir los procedimientos sancionadores incoados en aplicación de la ley y reparar a quienes hayan sido objeto de multas cuando la sanción hubiera «implicado un atentado contra alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas» recogidos en la Constitución.
Además, su ley alternativa recoge la prohibición de «cualquier actividad educativa que incluya contenidos definidos como de ‘memoria democrática’ en la ley, pero también de toda aquella que «contenga elementos de utilización de la Historia contemporánea de España con fines ideológicos, contra el derecho constitucional de los padres a que sus hijos no reciban formación en contra de sus propias convicciones».
En paralelo buscan prohibir la utilización en las clases de libros de texto y materiales curriculares que ellos consideran ideologizados en esta materia, que se eliminen los que ya se hayan editado, y que el profesorado no puedan recibir formación sobre memoria democrática.
También apuestan por eliminar el Centro Documental de Memoria Histórica y por declarar nulas y sin efecto «las revisiones, retiradas y supresiones de distinciones, condecoraciones y títulos» realizadas en aplicación de la ley, tanto de los de carácter nobiliario como de las condecoraciones policiales.
La norma vigente contempla la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas que fueron concedidos por el general Francisco Franco o que supongan la exaltación de la Guerra Civil y el régimen, y propone expresamente la supresión de 33 títulos nobiliarios como el de duque de Franco, Marqués de Queipo de Llano o el de Conde de Fenosa.
Resucitar la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
Asimismo, proponen considerar «nula y sin efecto la declaración de extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos» y que el régimen jurídico del lugar se determine «de acuerdo con la comunidad religiosa allí establecida».
Eso sí, exigen que se haga y siempre «con arreglo a los principios de respeto a los restos mortales que allí se hallen, de inviolabilidad de los lugares de culto, y de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia, y en todo caso del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede».