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ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

VOX se querella contra De Celis por quitar la palabra a una de sus diputadas por decir que el Gobierno «premia a filoetarras»

La diputada de VOX Patricia Rueda y el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, primer vicepresidente de la Mesa del Congreso. Europa Press

VOX ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirar la palabra durante un debate a la diputada Patricia Rueda, después de que esta se refiriera a EH Bildu como «filoetarras».

Gómez de Celis presidía el 29 de noviembre el debate de la proposición no de ley sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ cuando la vicesecretaria nacional de VOX, en tribuna, aprovechó su turno para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez «ningunea» a Málaga y «premia a filoetarras y golpistas».

El también diputado socialista por Sevilla pidió a la diputada que retirase el término, pero la diputada se negó y fue llamada al orden en sucesivas ocasiones, tras lo que el presidente en funciones optó por quitarle la palabra.

El escrito, presentado por la Vicesecretaría Nacional Jurídica de VOX, bajo la dirección de Marta Castro, denuncia la «absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria» de Gómez de Celis.

Por otro lado, reivindica la obligación de la Mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual, puesto que es un órgano colegiado donde figuran todos los grupos políticos. Así, «cualquier decisión que se adopte debe carecer de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación».

Así, VOX recuerda que, en sede parlamentaria, ya se expuso que la actuación del presidente en funciones del Congreso fue «abusiva» por limitar «de manera indebida» el ejercicio de la diputada de las funciones inherentes al núcleo de su función, además de «injustificada» porque no se daban los presupuestos para la aplicación del artículo 103 del Reglamento y para la retirada de la palabra.

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