La sombra de encubrir a acosadores sexuales vuelve a cercar a Yolanda Díaz. La reciente dimisión de Íñigo Errejón por presuntos abusos sexuales a mujeres durante años no sólo ha golpeado al ya expolítico, sino a todo el organigrama de Sumar. La líder de la formación y vicepresidenta de España, conocía los hechos desde hacía meses y no decidió tomar cartas en el asunto hasta conocer que iban a salir a la luz.
No es el primer episodio que salpica a Díaz en su trayectoria política. En su día, fue cuestionada por su relación con Ramiro Santalices, exasesor suyo que fue condenado por posesión de pornografía infantil en 2017. Las críticas surgieron tras el debate de TVE celebrado antes de las últimas elecciones, cuando Santiago Abascal, presidente de VOX, abordó el tema directamente: «¿Por qué no habla de quién es Ramiro Santalices? Era un asesor suyo denunciado por pederastia», insistió Abascal. Ante esto, Díaz afirmó que ella misma había presentado la denuncia, una declaración que Abascal rápidamente desmintió, acusándola de encubrimiento. Visiblemente contrariada, Díaz no añadió más aclaraciones.
En realidad, la condena de Santalices llegó tras una investigación de la Policía Nacional, que se remonta a 2016, cuando el exasesor fue arrestado en su puesto en el Parlamento gallego. La pesquisa se activó a raíz de una denuncia de una ONG estadounidense, la cual informó a las autoridades españolas de que un ciudadano había intercambiado mensajes con un pedófilo en Venezuela. La Brigada Central de Investigación Tecnológica siguió esta pista hasta localizar la dirección IP que utilizaba Santalices en la sede parlamentaria de Galicia.
La sentencia definitiva de Santalices, emitida en 2017 por el Juzgado de lo Penal número 3 de La Coruña, lo condenó a un año de prisión, aunque no llegó a cumplir pena de cárcel. En su lugar, se le impusieron restricciones como la prohibición de trabajar con menores durante cuatro años y tres años de libertad vigilada, además de la prohibición de visitar sitios web con contenido explícito de menores.
La relación profesional entre Díaz y Santalices se extendía por más de dos décadas. Fue en 2007 cuando Díaz, entonces concejala en el Ayuntamiento de Ferrol, lo contrató por primera vez. Posteriormente, en 2009, dos militantes de Izquierda Unida, Mercedes Salvatierra y José Loureiro, alertaron a Díaz tras haber visto a Santalices consumir contenido inapropiado en un ordenador de la sede del partido. Sin embargo, la actual vicepresidenta habría desestimado la denuncia de estos militantes, asegurando que la causa del incidente podría ser un virus informático. Finalmente, Salvatierra y Loureiro decidieron acudir a la comisaría por cuenta propia y denunciar los hechos, acción que llevó a que Díaz retirara el ordenador de la sede y lo entregara posteriormente a un perito. No obstante, el caso fue archivado por falta de pruebas concluyentes.
A pesar de este episodio, Díaz volvió a confiar en él para otros puestos. En 2011, Santalices fue designado como candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y en 2012 fue nombrado asesor en el Parlamento gallego, donde finalmente fue arrestado por la Policía en relación con los cargos de pornografía infantil.
