El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero busca un experto que rebaje el valor de las joyas incautadas por la Policía Nacional el pasado 19 de mayo durante el registro de su despacho. Su objetivo es acreditar que las piedras son «falsas» o de escasa calidad y que el conjunto podría valer menos de 100.000 euros, según publica The Objective.
La estrategia trata de desmontar la tasación encargada por la Audiencia Nacional a la joyería Ansorena, que situó el valor de las piezas en 1,3 millones de euros. Ese informe llevó a la imputación de Zapatero como presunto autor de un delito fiscal y otro de contrabando.
El propio expresidente anticipó sus planes durante la entrevista concedida el pasado jueves a TVE. Al ser preguntado por la valoración de las joyas, aseguró que la cifra «iba a ser sometida a contradicción». Desde entonces, ha recabado información para encontrar un tasador que respalde una valoración paralela y reduzca el precio atribuido a las piezas.
Zapatero cuestiona, en primer lugar, el método empleado por Ansorena. Considera que la empresa está especializada en la venta de joyas y en las tasaciones destinadas a subastas, pero pone en duda su capacidad para determinar el precio de reposición, pese a que cuenta con un departamento dedicado a esa tarea.
El expresidente también sostiene que Ansorena no puede establecer por sí sola la calidad de las piedras. Ese análisis correspondió al Instituto Gemológico Español (IGE), que recibió el encargo de la joyería. Sin embargo, su defensa entiende que todavía sería necesaria la intervención de un mayorista para fijar el precio de mercado.
Rubíes, zafiros y esmeraldas tratados
Otro de los argumentos con los que Zapatero pretende rebajar la tasación es la supuesta baja calidad de las piedras. Según la información que maneja, los rubíes habrían sido tratados mediante el relleno de fisuras con vidrio de plomo, un procedimiento que reduce su valor frente a los ejemplares de mayor calidad, conocidos por el color «sangre de pichón».
Los zafiros procederían de Tailandia y también habrían recibido tratamientos para mejorar su color. Las piezas más valoradas suelen tener su origen en Cachemira, Myanmar o Sri Lanka. Las esmeraldas incautadas serían de Zambia y habrían sido tratadas con aceite, frente a las colombianas, que suelen alcanzar los precios más elevados.
La misma tesis resta importancia a los diamantes por su pequeño tamaño y sostiene que su presencia apenas influiría en el valor total de las joyas.
El precio del oro constituye el tercer elemento de la estrategia. Zapatero mantiene que recibió las piezas en España como regalo de cortesía del entonces rey de Arabia Saudí en 2007. Desde aquella fecha, el oro sobre el que están montadas se ha revalorizado, pero las piedras no habrían experimentado la misma subida, menos aún por estar tratadas.
Entre las opciones estudiadas figura comparar las piezas con joyas vendidas en las grandes subastas de Ginebra, donde operan firmas como Christie’s y compradores de todo el mundo. La defensa podría emplear como referencia collares de marcas como Van Cleef & Arpels o Harry Winston para intentar demostrar que las piezas incautadas se encuentran muy lejos de esa categoría.
La tasación resulta clave para mantener la imputación
La rebaja no tendría sólo un efecto sobre el valor atribuido al patrimonio del expresidente. El objetivo final es lograr que la Audiencia Nacional levante la imputación por los dos delitos que se investigan.
El delito fiscal exige que la cuota defraudada por cada impuesto y ejercicio supere los 120.000 euros. En el caso del contrabando, el umbral se sitúa en un valor superior a 150.000 euros para la mercancía. Una tasación por debajo de esas cantidades debilitaría la base de las acusaciones contra Zapatero.
Una de las piezas, un collar de oro blanco de 18 quilates con dos esmeraldas de Zambia, fue valorada en 280.000 euros. La Policía encontró las joyas fuera de sus cajas pese al precio que les atribuye el primer informe, una circunstancia que también ha suscitado dudas desde el registro.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra que requiera a Ansorena una ampliación de su estudio. Además de conocer el valor actual de mercado, el Ministerio Público quiere determinar en qué fecha fueron montadas las joyas.
