El expresidente de la PDVSA, Rafael Ramírez, acusó en 2018 a José Luis Rodríguez Zapatero de recibir contratos de la petrolera venezolana insinuando que “de ahí viene su apego”. Pocos meses más tarde, Juan Carlos Márquez, ex director ejecutivo de la empresa estatal, habló con Fiscalía y con la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, advirtiendo que estaba dispuesto a desvelar voluntariamente todos los entramados de corrupción vinculados al caso.
Aquel gesto de colaboración se produjo en plena investigación del llamado Caso Nafta, en el que la Audiencia Nacional mantenía bajo el foco al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal y corrupción internacional. Morodo, histórico fundador del Partido Socialista Popular —más tarde integrado en el PSOE—, había sido jefe de misión diplomática en Caracas entre 2004 y 2007, coincidiendo con los años de oro de PDVSA como instrumento político y financiero del chavismo.
Pero lo que parecía un testimonio clave nunca llegó a materializarse en su plenitud. Juan Carlos Márquez apareció muerto en su oficina de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el domingo 21 de julio de 2019, tan solo dos días después de haber declarado ante el juez. Al día siguiente tenía una nueva citación en la Audiencia Nacional. Lo encontraron colgado de un cinturón en su despacho de la consultora Alcander SL, tras haber sido alertada la policía por su socio, que no lograba acceder al lugar debido a que la puerta estaba bloqueada.
El informe preliminar de la autopsia, citado por la agencia EFE el 23 de julio, apuntó inicialmente a un suicidio. Sin embargo, fuentes militares venezolanas y al menos un agente europeo de inteligencia —según recogió El Confidencial— mantienen que fue eliminado deliberadamente: “No se suicidó. Lo mataron. Márquez era quien estructuraba legalmente las operaciones turbias dentro de PDVSA bajo el mando de Rafael Ramírez”. Estas voces también advertían entonces de que podrían producirse más muertes, ya que quienes participaron del saqueo buscan desesperadamente evitar que la verdad salga a la luz.
El escenario levantó sospechas. A pesar de la carta manuscrita hallada sobre la mesa, que fue sometida a verificación caligráfica, los agentes también encontraron manchas de sangre en el pecho y en las manos del fallecido, un hecho que generó dudas entre los investigadores desde el inicio.
Las ramificaciones de esta red no se agotan ahí. Aldama —otro de los nombres que ha surgido en el contexto del llamado “caso Koldo”— conoció a Koldo García precisamente mientras trabajaba en el entorno de los empresarios Cortina, en concreto Alberto Cortina, exmarido de Esther Koplowitz y figura clave del empresariado español con vínculos históricos en Iberoamérica.
En este mismo tablero internacional aparece de nuevo la figura de Rafael Ramírez, quien además de presidir PDVSA fue ministro de Energía y Minas bajo Hugo Chávez. En declaraciones públicas, Ramírez llegó a deslizar que detrás del supuesto discurso de paz y democracia de Zapatero, lo que realmente existía era un interés económico por mantener determinadas concesiones petroleras y representar intereses ajenos a lo diplomático, entre ellos los del clan Cortina.
Y la sombra de la corrupción no termina ahí. El jefe de la UDEF en esa época fue descubierto tiempo después con 20 millones de euros ocultos en su domicilio, lo que ha alimentado aún más las sospechas de que ciertas investigaciones podrían haber sido controladas, desviadas o silenciadas.
