Unas religiosas dominicas que dedican su vida a atender gratuitamente a enfermos terminales se han visto obligadas a acudir a los tribunales para defender su libertad de conciencia frente a las imposiciones ideológicas del estado de Nueva York.

Las Hermanas Dominicas de Hawthorne, responsables del centro de cuidados paliativos Rosary Hill Home, han demandado a la Administración estatal después de recibir varias advertencias por su negativa a aplicar determinadas disposiciones de la llamada «Carta de Derechos para los neoyorquinos LGBTQIA+».

La norma obliga a los centros de larga estancia a utilizar los pronombres elegidos por cada residente, incluso cuando éste no se encuentra presente, y a distribuir habitaciones y baños conforme a la identidad de género declarada, no necesariamente de acuerdo con el sexo biológico.

También exige que los trabajadores reciban formación obligatoria en «competencia cultural», el eufemismo empleado para imponer como doctrina oficial los postulados de la ideología de género.

Elegir entre la fe y su misión

Las religiosas sostienen que todos los seres humanos deben ser tratados con compasión, respeto y dignidad, pero rechazan que el Estado pueda obligarlas a negar la realidad del sexo o a afirmar una visión antropológica contraria a la fe católica.

La disyuntiva que les plantea Nueva York es brutal: renunciar públicamente a sus convicciones o arriesgarse a perder la autorización que les permite seguir atendiendo a enfermos pobres y moribundos. El centro dispone de 42 camas y presta cuidados paliativos sin cobrar a los pacientes. Tampoco acepta financiación pública ni pagos de compañías de seguros.

Su labor continúa la misión iniciada en 1900 por Rose Hawthorne Lathrop, quien fundó la congregación para acompañar a personas con cáncer que no disponían de recursos ni familiares capaces de atenderlas.

No existe ninguna denuncia de pacientes

El caso resulta especialmente revelador porque, según la demanda, ningún paciente ha denunciado discriminación o malos tratos en Rosary Hill Home. El Departamento de Salud estatal tampoco ha sancionado al centro durante los últimos cinco años.

No existe, por tanto, una víctima concreta que justifique la intervención. La ofensiva responde únicamente al propósito de someter preventivamente a las religiosas a la ortodoxia sexual impuesta desde Albany.

Pese a ello, las hermanas recibieron tres comunicaciones oficiales en las que se les exigía cumplir las nuevas reglas. La desobediencia podría acarrear multas, pérdida de licencia y otras consecuencias legales.

El Gobierno federal sale en defensa de las monjas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intervenido en apoyo de las religiosas y sostiene que la ley podría vulnerar la Decimocuarta Enmienda. El argumento federal señala que Nueva York permite excepciones por razones clínicas consideradas «profesionalmente razonables», pero niega cualquier adaptación equivalente por motivos religiosos.

La responsable de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, advirtió de que los estados no pueden obligar a los ciudadanos a abandonar sus creencias «en nombre de la ideología de género woke».